Cárteles mexicanos terroristas

En Phoenix, Arizona, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en el foro de la organización Turning Point que cuando asuma la presidencia declarará a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que se traduciría, en los hechos, en la emisión de diversas sanciones, como el bloqueo de activos, las restricciones de viaje, la prohibición de proporcionar apoyos materiales a las organizaciones e, inclusive, para algunos expertos, pudieran existir despliegues militares en territorio mexicano con el fin de extraer a los líderes de las bandas o combatir directamente en sitio las actividades presuntamente ilícitas.

Acciones de esta naturaleza, por tratarse de actos que afectan la esfera jurídica de derechos de las organizaciones y sus integrantes, aun cuando son de naturaleza delincuencial, requieren del cumplimiento de ciertos procedimientos y requisitos internos que las leyes estadunidenses prevén, como es el derecho de audiencia, basado en el principio de presunción de inocencia y la autorización del Congreso de Estados Unidos. No basta sólo con la decisión de Donald Trump, en el caso de intervenciones militares en territorio extranjero, resulta indispensable agotar los protocolos del derecho internacional.

Para que sea declarado un cártel como organización terrorista se deben satisfacer, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, entre otros, los requisitos siguientes: que se trate de una entidad extranjera, que efectúe actividades terroristas y que amenace la seguridad nacional o, en su caso, a los ciudadanos. En los dos últimos requisitos descansan las mayores dificultades de cumplimiento.

Las actividades terroristas están asociadas técnicamente a la satisfacción de objetivos de una naturaleza superior: el control de las decisiones del Estado, mediante el uso de la manipulación ideológica o religiosa. Sin embargo, la motivación principal de los cárteles mexicanos se centra en la obtención del máximo beneficio económico, al operar como verdaderas empresas que se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Actualmente, no existe evidencia de lo contrario.

Las amenazas a la ciudadanía o a la seguridad nacional requieren elementos probatorios o de convicción que acrediten que la venta de estupefacientes encuentra su principal motivación en la destrucción del control del poder del Estado o en la afectación directa de sus habitantes, abandonando cualquier fin primario de lucro o ganancia. El objetivo es destruir el Estado y sus habitantes por el simple hecho de ser americanos, lo que, en la especie, no se actualiza.

Más allá del anuncio de Donald Trump y de la respuesta prudente del gobierno mexicano ante la reiterada misiva, lo cierto es que se abre un espacio para la definición de una nueva agenda bilateral que atienda los problemas de seguridad, procuración e impartición de justicia, salud pública, tratados comerciales, migración y piratería, entre muchos otros.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya ha hablado del necesario entendimiento basado en el respeto mutuo, la cooperación y la coordinación que debe prevalecer entre países. Ojalá que el nuevo presidente de Estados Unidos haga sinergia y se logre consolidar una verdadera política bilateral. Existen las condiciones para darle la vuelta a la página de los agravios y reescribir la historia. Apostemos por la altura de miras.