Ayotzinapa, un paso atrás
La renuncia de Omar Gómez Trejo aparentemente respondió a una diferencia sobre el éxito del caso.
Es verdaderamente triste observar que los asuntos emblemáticos de procuración de justicia en nuestro país se vean envueltos en escándalos mediáticos que en nada abonan a la consolidación del sistema de justicia penal y mucho menos a la confianza ciudadana en sus instituciones.
Hace unos días se difundió en diversos medios de comunicación la renuncia de Omar Gómez Trejo al cargo que venía desempeñando como Titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República, quien estará de encargado hasta finales del mes. Según él, la causa de su dimisión fue la intromisión de altos mandos de la institución en el caso.
La Fiscalía General de la República posee los mecanismos legales de carácter administrativo y penal para atender las presuntas irregularidades internas que pudieran presentarse con motivo de la integración de una investigación y, de ser el caso, proceder. Omar Gómez debió agotarlas, ese era su deber jurídico, en esto se equivocó.
La denuncia pública no era la vía, por el contrario, comprometió la investigación al faltar a su deber de secrecía y objetividad, transfiriendo su responsabilidad sobre el éxito de la indagatoria.
Las acciones de la Fiscalía General de la República exhiben las verdaderas causas de la renuncia. De las 85 órdenes de aprehensión que fueron solicitadas y anunciadas con bombo y platillo por el Ministerio Público por supuestos delitos graves, en 21 se promovió después el desistimiento; 16 contra militares y cinco contra civiles.
La legislación penal permite este tipo de promociones, mismas que no se traducen en impunidad o imposibilidad del ejercicio de la acción penal nuevamente. Sólo implican la revisión y en su caso replanteamiento de la imputación, con mejores argumentos y elementos de prueba. Adicionalmente, la eventual liberación de los expolicías sujetos a proceso sería un golpe a la certeza de la investigación.
La renuncia aparentemente respondió a una diferencia sobre el éxito del caso. La obtención de órdenes de aprehensión no garantiza sentencias condenatorias. El estándar de prueba es diferente, para ser condenado, se debe probar plenamente el hecho delictivo y la responsabilidad del imputado.
El país y los padres de las víctimas se merecen una investigación seria, no más impunidad.
Es preferible dar un paso atrás, que comprometer la investigación por errores o pifias. Reitero, el deber de Omar Gómez era luchar hacia el interior para sostener su criterio. La actuación profesional e institucional de un fiscal implica utilizar los canales e instancias que la ley le otorga, no victimizarse o mediatizar el tema.
El alto cargo que detentaba así le obligaba.
México tiene buenos investigadores y las herramientas tecnológicas necesarias. La intromisión de intereses ajenos a la investigación en nada abona a la procuración de justicia.
La Fiscalía Especial debe judicializar y lograr la condena de aquellos que verdaderamente sean responsables y no actuar en base a la coyuntura por el relumbrón del momento.
La cautela y la prudencia son los mejores aliados para llevar a buen puerto una investigación.