¿Armas químicas en México?

La semana pasada, los congresistas estadunidenses discutieron sobre la necesidad de otorgarle al fentanilo ilícito el carácter de “arma química”, en términos de lo dispuesto en la Convención Internacional de Armas Químicas (CIAQ), lo que conllevaría, en caso de aprobarse en forma definitiva, consecuencias de alto impacto que incidirán no sólo en la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y salud pública, sino también con otros actores, como es el caso de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), dependiente de la ONU, incluso con sus miembros.

La citada convención le da contenido a lo que se debe entender como “armas químicas” al definirlas como los productos químicos tóxicos y sus precursores destinados a un fin prohibido. Precisa que estos materiales pueden ser cualquier sustancia, que a través de su acción química tengan la capacidad de provocar daños temporales o permanentes e incluso la muerte de los seres humanos.

Prevé entre las obligaciones de los países signantes la de abstenerse de producir, almacenar y transferir “armas químicas”, con sanciones en caso de incumplimiento, que pueden ir desde las económicas, hasta la presencia física en el país incumplido para efectos del aseguramiento y destrucción de las mismas.

En este contexto, si el fentanilo ilícito es considerado como un “arma química”, México estaría en una situación de vulnerabilidad ante el incumplimiento de la Convención Internacional. La atención del problema se transferiría al seno de la organización responsable de su aplicación y seguimiento. La definición de las acciones correctivas, no atañerían sólo a nuestro país y a Estados Unidos, sino seguramente estaríamos obligados a la rendición de informes periódicos sobre los resultados de las políticas instrumentadas y en caso de reiterarse el incumplimiento, asumir consecuencias más severas.

Desde luego, que este escenario, para su materialización, requiere de la aprobación en definitiva que haga el Congreso norteamericano de la iniciativa y después, que en el seno de la OPAQ se le reconozca al fentanilo como “arma química”. Además de que existe suficiente evidencia pública de los esfuerzos gubernamentales para controlar la problemática, de ahí que no se nos considere como promotores dolosos.

Para los congresistas de Estados Unidos no es un tema de fácil discusión. Si bien México es responsable de una parte de la cadena del tráfico de fentanilo ilegal, también nuestro vecino pudiera ser señalado por la comunidad internacional como responsable, quizá subsidiario para algunos, pero responsable del almacenaje y la transferencia entre bandas delincuenciales de última milla, por lo menos hasta que el producto llegue al consumidor final.

Basta revisar las discusiones parlamentarias para concluir que Estados Unidos reconoce los resultados que ha dado México, particularmente los importantes aseguramientos, pero para ellos, no es suficiente y piden más. De ahí la importancia de cumplir con la agenda bilateral, misma que no fue fácil de concretar por la visión antagónica del tema.

Seguramente el giro que se pretende dar a la atención del fentanilo ilegal no sea el más ortodoxo, pero pudiera generar sinergias para involucrar a la comunidad internacional. No olvidemos que es un fenómeno transnacional. Nosotros, mientras debemos seguir trabajando independientemente del cauce de las decisiones.