Administración pública en reparación

La acción del Estado no puede entenderse si no se analiza a través de sus instituciones y las personas que le dan intensidad y rumbo. México, al paso de los años, ha enfrentado continuos cambios en su organización administrativa, sin embargo, pareciera que en los últimos tiempos no ha encontrado la “puesta a punto” para responder a los reclamos de la ciudadanía.

Se cuestiona la eficiencia y eficacia de las instituciones en el ejercicio de sus responsabilidades. La corrupción, la falta de transparencia, el nepotismo, el amiguismo, la improvisación, la discrecionalidad, la violencia, entre otros, son sólo el reflejo de que algo no está funcionando y que los problemas se agravan día con día, poniendo en riesgo la estabilidad del Estado mexicano.

• El gobierno federal se ha referido con frecuencia a dicha problemática, en algunos casos ha iniciado acciones que pretenden combatirla, sin embargo su instrumentación es motivo de cuestionamientos permanentes, justificaciones, descalificaciones y debates que sólo abonan a la división sin llegar a ninguna solución. Pareciera que existe consenso de los “qués”, pero no de los “cómos”.

El Ejecutivo federal debe asumir el liderazgo del cambio, se requiere una verdadera reforma administrativa, no sólo una revisión orgánica y competencial que defina el tamaño y adscripción de los entes estatales, a partir de modificaciones del marco legal, bajo el pretexto de la racionalidad presupuestal. Estos ajustes en algunos casos han sido benéficos, pero, en muchos otros, sólo son muestra de cambios cosméticos o de carácter coyuntural que se traducen en parálisis administrativas, retrocesos y gastos innecesarios que profundizan la crisis en las que se encuentran las instituciones.

No es suficiente proponer una reforma administrativa, es necesaria la claridad de mira. José Juan Sánchez, en su obra Administración pública y reforma del Estado, desde 1998 sostenía que se requiere de una definición de “propósitos”, destacando entre ellos, la necesidad de una visión multidisciplinaria, la determinación de sus alcances, y la gradualidad de los procesos de cambio.

La determinación de los alcances de la reforma y su gradualidad implica analizar los dos niveles de la acción gubernamental: La organización de las estructuras de gobierno, determinando con claridad sus ámbitos de competencia y responsabilidad; y la gestión administrativa, que permita alcanzar eficiencia y eficacia para una sociedad cada día más demandante.

Esto requiere una plena y adecuada coordinación institucional, con visión de género, en el que se aparten los intereses particulares o de grupo del verdadero propósito reformista. La participación de la ciudadanía en sus diversas vertientes se estima que sería factor decisivo, no sólo en el diagnóstico e implementación, sino en la toma de decisiones. Sólo así tendría cabida una nueva administración pública con viabilidad y legitimación, en la que se destierre la corrupción.

En la presentación del nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, el Presidente de la República planteó la necesidad de una reforma administrativa. Quizá no exista coincidencia en el foro respecto a su contenido y alcance, pero marca el inicio del debate. Sólo quedan tres años de gestión, esto no debe ser impedimento para trazar una nueva visión de gobierno, está en todos no reparar, sino construir una nueva administración pública.