Acapulco, 30 días después, ¿respuestas?

Hoy se cumple un mes de la catástrofe ocasionada por el huracán Otis en el puerto de Acapulco de Juárez, misma que dejó a su paso la pérdida de vidas humanas, así como graves daños materiales que rompieron la cotidianidad económica y social de uno de los centros turísticos con mayor movilidad de nuestro país.

Ante ello, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador hizo público el 1º de noviembre la puesta en marcha del Plan General de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada. En una de sus líneas de acción se anunció el establecimiento de un cuartel con 250 integrantes de la Guardia Nacional por cada colonia de más de mil casas, con el objetivo de evitar “el robo en viviendas, establecimientos mercantiles, gasolinerías, transportes de mercancías y en la distribución de gas”. Al respecto, el general secretario Luis Cresencio Sandoval afirmó que el número de elementos que se comisionará en el puerto será de nueve mil 860.

Desde luego que el anuncio gubernamental resulta relevante y plausible ante el vacío institucional evidenciado en las primeras horas posteriores al desastre natural, que provocó robos y actos de rapiña tolerados, incluso legitimados por las autoridades, al señalar que representan “cohesión social” y justificarlos en la “situación de emergencia”. Declaraciones que desnudaron de cuerpo completo la improvisación y falta de profesionalización de los servidores públicos responsables de las tareas de seguridad, así como de protección civil.

La propuesta oficial se estima que sólo resolverá una parte de la problemática que enfrentarán los guerrerenses, al no trazar, por lo menos de forma evidente en sus líneas de acción, la atención de otros ilícitos asociados a la delincuencia como son la extorsión, el secuestro, el homicidio, el lavado de dinero y el narcomenudeo que han hecho del puerto un lugar inseguro para sus habitantes que observaban en la violencia el reflejo de la ausencia de las autoridades responsables de la seguridad y que seguramente en los próximos meses se incrementará.

El abandono de los cuerpos de policía en Acapulco no es una noticia nueva, en julio del presente año, el responsable de la seguridad pública Luis Enrique Vázquez manifestaba que tenían un déficit de más de mil 800 elementos y de los activos, 40% tenía sobrepeso o estaban en edad de retiro. Todo ello, sin sumar los problemas de corrupción, tráfico de influencias, falta de capacitación y malos salarios, así como sus vínculos con la delincuencia organizada, entre otras características de muchos cuerpos policiacos de nuestro país.

Al respecto, existe discusión sobre el número idóneo de policías para mantener el orden en una ciudad. La ONU señala que debe alcanzarse como estándar un porcentaje de 1.8 elementos por cada mil habitantes. Para algunos especialistas, el número no es relevante, sino las formas como se distribuyen las tareas policiales: preventivas, de investigación, de reacción o de tránsito. Lo cierto es que ambos factores son importantes y requieren considerarse para conformar una estructura operativa funcional a partir de un diagnóstico real acompañado de su respectivo programa de trabajo.

Es positivo que el Estado responda ante la demanda ciudadana de mayor seguridad. Ojalá en la coyuntura del desastre los tres niveles de gobierno se coordinen en el cumplimiento del derecho a la seguridad que exigen los guerrerenses.