A propósito de simbolismos

Se requiere una política criminal integral y transversal.

El 24 de febrero se conmemoró el Día de la Bandera. La ley de la materia reconoce al águila como uno sus componentes fundamentales al formar parte del Escudo Nacional, de ahí que dedique este espacio a la formulación de algunas reflexiones sobre la depredación de las aves a cargo de la delincuencia organizada.

El águila, junto con otras especies como los canarios, calandrias, cenzontles, pericos, loros y guacamayas forman parte de la biodiversidad de nuestro país. El tráfico ilegal de vida silvestre, incluyendo estas especies es alarmante. De acuerdo con la ONU, representa un movimiento de más 23 mil millones de dólares al año y conforme a la World Wildlife Fund, se ubica como la cuarta actividad, según su importancia, de la delincuencia organizada trasnacional junto con el tráfico de drogas, armas y personas.

Las actividades ilícitas asociadas a la fauna silvestre en nuestro país, no se circunscriben sólo a la captura, extracción, cautiverio y venta local de especies nativas. Nuestra ubicación geográfica favorece las condiciones para que seamos un país también de distribución, trasiego y venta de especies provenientes principalmente de mercados latinoamericanos y con destinos diversos: Estados Unidos, Canadá, España, Alemania y China, entre otros países consumidores.

Las autoridades han señalado que el principal problema para enfrentar este ilícito, es su demanda creciente y el encarecimiento de los precios de algunas especies ante su escasa oferta. La delincuencia organizada aprovecha las condiciones de vulnerabilidad de los nativos en las zonas ricas en fauna y sobre esta condición montan sus operaciones ilícitas, incluso, llegan a utilizar la llamada red profunda para su comercialización.

Para enfrentar este flagelo se han planteado diversas soluciones, en el caso de México, la política criminal es de orden prohibitivo. La Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal prevén sanciones administrativas y penales que prohíben este tipo de actividades, salvo que se trate de las enfocadas a la conservación e investigación científica de las especies.

Lo cierto es que no ha sido la solución, el comercio ilícito es un negocio que sigue en crecimiento y difícilmente se logrará acabar con medidas sólo punitivas. Se requiere una política criminal integral y transversal para que realmente sea eficaz, y que cumpla con los compromisos internacionales de preservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

El estudioso Francisco Daniel Moreno y Mateos señala que debemos observar a otros países latinoamericanos que han enfrentado esta problemática con resultados más contundentes, como es el caso de Perú, cuya legislación es de naturaleza regulatoria y no prohibitiva.

Como cualquier política criminal, no es suficiente con prohibir conductas y endurecer sanciones, es necesario, a pesar de los avances, instrumentar otras acciones que incidan en toda la cadena productiva, tales como los programas de apoyo social, el desarrollo de empresas rurales especializadas, la participación ciudadana, el involucramiento académico, el control de activos, la coordinación interinstitucional, el combate a la corrupción y la modernización legislativa.

Los símbolos patrios, son la expresión más nítida de la soberanía nacional. Ante el crecimiento de la delincuencia organizada esta se desdibuja. No permitamos que también se apropie de nuestra riqueza natural y patrimonio cultural. 

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