A propósito de jueces y magistrados

En los últimos días, en diversos medios de comunicación, se difundió una nota sobre la revocación de una sentencia de primera instancia dictada por un juez de Colombia. La litis por resolver se centraba en la obligación o no de pago a una aseguradora, a cargo de los padres de un menor con autismo, por concepto de los servicios médicos y de transporte que requería para su atención. La resolución inicial concluyó que los padres no deberían hacerse cargo de pago alguno. 

Para arribar a este fallo protector, el titular del juzgado hizo uso de la inteligencia artificial: el ChatGPT, al que introdujo una serie de preguntas relacionadas con la controversia planteada.

Las respuestas a las que arribó la herramienta tecnológica fueron coincidentes con el sentido de la sentencia. El juzgador citó y justificó en el cuerpo de la misma el uso de la referida herramienta.

No es la primera ocasión que se hace uso de la inteligencia artificial en el ámbito de las decisiones jurisdiccionales. En Wisconsin, Estados Unidos, se utilizó la inteligencia artificial para determinar el grado de reincidencia de un delincuente y con base en ello, fijar la penalidad que le debería corresponder, sin embargo, fue cuestionada la medida judicial por las variables incorporadas en el algoritmo utilizado.

Por su parte, en China ya operan los llamados Tribunales de Internet, en los que se habilita a un juez virtual para la atención de conflictos derivados de operaciones en línea. Se sustancian de manera virtual y con la asistencia de un juez real. Estonia ha avanzado a pasos agigantados sobre el mismo tema. Otras naciones, también ya usan estas herramientas tecnológicas como auxiliares de la impartición de justicia, simplificando trámites judiciales y generando insumos de apoyo para la toma de decisiones.

Ante ello, la comunidad internacional, en particular la Unesco, ha fijado algunos parámetros relacionados con el uso de la inteligencia artificial. Señala que es una herramienta de gran utilidad para los poderes judiciales al incidir directamente en los estándares de eficacia y eficiencia de los juzgados y tribunales, sin embargo, también afirma, que conlleva un riesgo importante cuando su uso es indiscriminado y sin el rigor técnico-jurídico necesario. Sostiene que no debe verse como un sustituto del raciocinio jurisdiccional.

No puede sustituirse, porque se nutre, enriquece y afina de la experiencia y el conocimiento adquirido por los juzgadores al paso de sus años en el servicio público.

Por ello, la carrera judicial representa la mejor escuela de formación para los responsables de impartir justicia, al demandar, conocimiento, compromiso, honestidad y sacrificio, entre muchos otros atributos. Desde luego, que sangre nueva viene bien en cualquier institución, la renueva y la revitaliza, pero no debe destruirse lo que por años ha costado tanto formar. Cambiemos lo que no sirva, dejemos lo que sí opera.

El debate actual sobre la sustitución por la vía de elección popular de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de las y los titulares de los juzgados y tribunales de todo el país, representa la gran oportunidad que tiene el Estado mexicano para definir su política pública judicial de los próximos años. No desaprovechemos este espacio de reflexión. Hagámoslo con responsabilidad y objetividad. Esto también lo demanda la ciudadanía.