2025 no fue un año sencillo para la presidenta Claudia Sheinbaum. Comenzó bajo la presión externa de Donald Trump y sus amenazas arancelarias, y cerró con una tragedia. El pasado 28 de diciembre, el Tren Interoceánico se salió de las vías cerca de Nizanda, Oaxaca, al tomar una curva en el tramo que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos. Viajaban unas 250 personas. 14 murieron y al menos 98 resultaron heridas.
La Presidenta exigió una indagatoria a fondo, rigurosa y transparente. La FGR, encabezada por Ernestina Godoy, abrió de inmediato la investigación. Se entrevistó a tripulación y sobrevivientes. Se analiza la caja negra y se ha prometido llamar a declarar a quien sea necesario. La pregunta es si esa exigencia resistirá cuando la investigación comience a tocar intereses, nombres y decisiones heredadas del sexenio anterior.
El Tren Interoceánico es una obra emblemática, aunque no de este gobierno. Es una herencia de la administración de López Obrador y, con ella, se heredaron advertencias técnicas ignoradas, observaciones de la ASF y señalamientos de corrupción que nunca fueron atendidos. En la Cuenta Pública 2023, la ASF alertó sobre deficiencias en la corrección de curvaturas y pendientes en el tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz, identificado desde el propio proyecto como técnicamente complejo por sus condiciones topográficas. Las alertas fueron minimizadas. En ese contexto aparece el nombre de Gonzalo López Beltrán. El hijo del expresidente fue nombrado por el mismo López Obrador como supervisor honorífico del proyecto, pese a señalamientos de influyentismo y corrupción, particularmente en la venta de balasto, un componente clave para la estabilidad de las vías. ¿De verdad se investigará su responsabilidad, como la de amigos como Amílcar Olán y operadores del círculo cercano al expresidente, o volverá a imponerse un silencio cómplice?
El caso se vuelve aún más delicado por un evidente conflicto de interés. El almirante Raymundo Pedro Morales, hoy secretario de Marina, fue director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Pasó a encabezar la misma dependencia que construyó, supervisa, opera y ahora evalúa el Tren Interoceánico y la infraestructura logística que él mismo dirigió. Pese a ello, ha prometido rigor en la investigación y credibilidad en el dictamen. A la par de las indagatorias de la FGR, en el lugar del descarrilamiento elementos del Ejército y Marina resguardan la zona; ingenieros militares revisan rieles, durmientes y balasto; utilizan drones para crear modelos tridimensionales del accidente y toman muestras del suelo ante un posible hundimiento de la vía. Incluso se analiza la hipótesis de un atentado, posibilidad que no puede descartarse en un país donde el crimen organizado ya ha intentado descarrilar trenes, como ha ocurrido recientemente en Guanajuato.
No se descarta el sabotaje. El dictamen de las FA será determinante, no sólo por las víctimas, sino porque el Tren Interoceánico es un activo estratégico para el gobierno de Claudia Sheinbaum, lo mismo para comercio nacional e internacional. Sin embargo, si se descarta un atentado, la responsabilidad política permanecerá intacta. Para Sheinbaum, este caso representa un reto. No puede refugiarse en la herencia ni en el discurso de continuidad. Si la FGR no llega al fondo y no toca a los intocables, el descarrilamiento no será sólo ferroviario: será político. La diferencia entre un accidente y un encubrimiento marcará su sexenio. Por lo que toca a la Marina, las funciones de carácter civil deben ser asumidas por instituciones especializadas y conducidas por los civiles, es injusto que se siga exponiendo la Semar al asumir responsabilidades ajenas a su naturaleza. Ésta es otra herencia del lopezobradorismo.
*Donald Trump informó sobre un primer ataque de las fuerzas del Comando Sur en territorio venezolano contra el cártel Tren de Aragua, mientras en México la violencia generada por los cárteles JNG y Sinaloa no da tregua. La intervención de EU en Venezuela es un mensaje al gobierno de Sheinbaum.
De Imaginaria
El Ejército no descansa en Navidad ni Año Nuevo. En Sinaloa destruyó laboratorios clandestinos de metanfetaminas y fentanilo. En Chiapas decomisó a la delincuencia organizada vehículos similares a los usados por las Fuerzas Armadas y en Michoacán desactivó minas terrestres.