¿Hasta cuándo se pondrá un freno al huachicol?

El decomiso del buque tanque Challenge Procyon, en el puerto de Altamira, Tamaulipas, hace unas semanas, encendió las alarmas en los círculos de seguridad y fiscalización. La embarcación, procedente del puerto de Beaumont, Texas, llegó a México con 10 millones de litros de diésel, además de armas, municiones y computadoras. Su carga registrada oficialmente era de aditivos para lubricantes, pero transportaba combustible y tecnología para operaciones clandestinas.

Este caso ya no nos remite al viejo huachicol —el de las tomas clandestinas en los ductos de Pemex— sino a un esquema más sofisticado y de alto nivel: el huachicol fiscal, una modalidad que implica el ingreso de combustibles como gasolina, diésel, incluso turbosina sin permisos aduanales, a través de rutas marítimas controladas por el crimen organizado.

Tras la operación del Ejército mexicano, la Armada y Guardia Nacional, se supo que la embarcación efectuó dos escalas en el puerto de Coatzacoalcos para descargar diésel y turbosina antes de llegar a Altamira, y descargó el combustible de forma irregular.

Esto confirma lo que por años ha sido denunciado sin consecuencias: buques cisterna permanecen varados frente a costas mexicanas, esperando la orden para descargar de forma ilícita en puntos remotos, donde pipas los abastecen y luego distribuyen el combustible por tierra.

Este modelo de contrabando ha dejado un boquete financiero brutal. Se estima que más de 120 mil millones de litros de combustible han ingresado ilegalmente al país. Sólo por concepto de IEPS, México ha perdido entre 554 mil y 600 mil millones de pesos. Y, sin embargo, no hay detenidos, no hay redes desarticuladas y no hay responsables.

Es sabido que los cárteles del narcotráfico no sólo tienen las manos metidas en el negocio, lo operan como parte de su estructura. Desde los puertos hasta la distribución, pasando por el transporte y la venta en estaciones irregulares, el huachicol fiscal es ya una línea de negocio consolidada para el Cártel Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa y el del Golfo. De hecho, la ruta marítima puede incluso, indicar qué grupo controla la operación, según el puerto de llegada.

Este esquema se ha perfeccionado con la aparición de una red de empresas criminales logísticas, obviamente fantasmas, con actores dentro de puertos, aduanas, transportistas y autoridades federales y estatales. Es una cadena aceitada, tolerada y, en muchos casos, protegida.

En 2020, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el control militar de las aduanas, bajo el argumento de que estaban tomadas por la delincuencia, pero no le permitió indagar a fondo ya que en 2021 creó la Agencia Nacional de Aduanas, y nombró en el cargo a Horacio Duarte, prometiendo depuración y eficiencia. Pero el contrabando siguió. A la fecha no hay resultados visibles y mucho menos responsables en la cárcel.

Mientras tanto, el Estado mexicano pierde recursos millonarios cada año, las finanzas públicas se deterioran, y el crimen organizado se fortalece. Lo más grave no es sólo el robo en sí, sino la normalización del saqueo, la impunidad como norma y el silencio como cómplice.

El huachicol ya no es una actividad marginal. Es una industria paralela operada por los mismos que trafican fentanilo, armas y personas. El huachicol puede no matar de forma inmediata, pero sí desangra al Estado.

* El presidente Donald Trump evalúa la posibilidad de lanzar ataques con drones contra los cárteles en México como parte de un plan para combatir a los grupos criminales que trafican fentanilo. ¿Qué tanto presionará Ron Johnson, nuevo embajador de EU en México? Johnson es un coronel retirado, exoficial de la CIA y exmiembro de fuerzas especiales del ejército, especialista en operaciones encubiertas y exboina verde.

DE IMAGINARIA

En el accidente ocurrido en el Parque Bicentenario hubo negligencia, se pudo haber evitado la tragedia. Cuando fui director de Protección Civil de Gobernación, la misión era no abandonar el lugar o en su caso, darle seguimiento antes y durante cualquier evento. Debió haber permanecer gente de la alcaldía, supervisando que no se violara ninguna norma de seguridad. Lo que no hubo.