La investigación en EU y la solicitud de detención y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros siete funcionarios y exfuncionarios, no fue improvisada. El proceso comenzó hace meses, se pausó y posteriormente se reactivó tras los ataques de Morena y del gobierno federal contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por la presunta participación de la CIA y la muerte de dos agentes de ese organismo durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio.
En la 4T no midieron los alcances de la relación que mantiene Campos con el gobierno de EU en materia de cooperación contra el crimen organizado. A ello se suma que, durante la administración de Rocha Moya, fue secuestrado, torturado y asesinado Alexander Meza León, informante de la DEA, junto con su familia, presuntamente por órdenes de Los Chapitos. La 4T ha insistido en mantener la presión contra Maru Campos para orillarla a reconocer que se equivocó al solicitar el apoyo de la CIA. La intención es llevarla a juicio político, acusándola de violar la soberanía del país, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, algo de lo que el propio gobierno federal sería partícipe, según el congresista Michael McCaul, quien aseguró que el gobierno de México estaba enterado de las operaciones de la CIA en Chihuahua, incluso, que se firmó un convenio de cooperación entre ambas naciones.
También se intentó involucrar al Ejército mexicano; sin embargo, el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, fue claro al señalar que los 40 elementos desplegados en Chihuahua realizaron sólo labores de contención de área y que desconocían la presencia de los agentes.
A Rocha Moya, Inzunza y Gámez ya les habían suspendido las visas un mes antes de que el fiscal federal de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, formalizaran las acusaciones en su contra por conspiración para la importación de narcóticos a EU, tráfico de armas y vínculos con el Cártel de Sinaloa. Con los mismos cargos fueron imputados Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito y Juan Valenzuela Millán.
Hace una semana, el gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo conocimiento de una lista filtrada por Washington a medios locales, con nombres de políticos mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado. La mandataria pidió pruebas. La preocupación aumentó cuando se supo que la Oficina de Control de Activos de EU había solicitado información financiera de Rocha Moya y otros políticos.
El miércoles, la Cancillería confirmó la petición de detención y extradición del gobernador, lo que desató la crisis. Ese mismo día, Sheinbaum terminó de forma apresurada su conferencia matutina y convocó de urgencia al Gabinete de Seguridad; además, contactó a Rocha Moya, quien negó las acusaciones. La respuesta del gobernador y del senador Inzunza fue la esperada: denunciaron un ataque contra Morena y la 4T, lo que suena más a una advertencia para que los respalden: “Si cae uno, caen todos”.
La FGR sostiene que no hay pruebas contundentes; sin embargo, el antecedente de Genaro García Luna, basado en testimonios de narcotraficantes y testigos protegidos, obliga a tomar en serio las acusaciones del Departamento de Justicia de EU. Además, existe la carta de Ismael Zambada que vincula al mandatario con el Cártel de Sinaloa.
El gobierno mexicano está en jaque. Si rechaza la petición de EU, se abre la posibilidad de una sustracción como la de Nicolás Maduro, además de poner en riesgo la firma del T-MEC; si la acepta, podría fracturar a Morena y abrir un frente con Andrés Manuel López Obrador.
EU cuenta con información no sólo para acusar a Rocha Moya, sino también sobre otros gobernadores y legisladores. Adán Augusto López está entre ellos. Existe una carpeta de investigación que lo vincula con La Barredora, lavado de dinero y huachicol fiscal, además de otras indagatorias en curso en la FGR
DE IMAGINARIA
Se aleja la posibilidad de que Argentina extradite a México al contralmirante Fernando Farías Laguna. Podría convertirse en testigo protegido en EU, donde daría, con lujo de detalles, el esquema de huachicol fiscal. El exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, el expresidente López Obrador y Adán Augusto López, conocían las irregularidades y callaron.