El caso Rubén Rocha Moya se ha transformado en una crisis de credibilidad institucional. La terquedad del gobierno federal para descalificar o minimizar los señalamientos provenientes de EU contra el gobernador con licencia no sólo afecta a Morena; también pone en entredicho a las instituciones del Estado, entre ellas el Ejército mexicano.
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, acusó que la Defensa había impuesto en septiembre de 2023 al general retirado Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad Pública estatal. Falso. La designación de Mérida fue impulsada desde el círculo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, recomendado por el general Audomaro Martínez Zapata ante el entonces secretario de la Defensa, Crescencio Sandoval.
El general Gerardo Mérida no huyó ni se escondió. Se entregó a la justicia de EU. Decidió enfrentar las acusaciones y convertirse en testigo cooperante y fue aceptado. No se hace con cualquiera, pero la información que tiene es muy relevante. Lo mismo hizo Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas. Ambos conocen las entrañas del aparato de seguridad y funcionamiento político en Sinaloa. Mérida, además tuvo acceso a expedientes; detenciones y confesiones de sicarios; reportes de inteligencia y atestiguó posibles negociaciones del gobierno del estado, incluso el federal con el CdS y Los Chapitos. Por eso preocupa tanto su testimonio.
El gobierno federal trata de minimizar su autoentrega, pero sabe que de llegar ante la corte de EU, podrían acercarse a Lópesz Obrador, que es su principal objetivo. Hay que recordar que para EU bastan las declaraciones de narcos presos, así se procesó y encarceló a Genaro García Luna.
El caso del general Mérida es aislado, no es el Ejército. Por eso el general Santos Delgado Soto, comandante de la 9ª Zona Militar en Culiacán, corrigió a la mandataria interina, a quien también responsabilizó del deterioro de la seguridad y señaló por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. El choque llegó hasta Palacio Nacional, donde Bonilla presentó una queja por el trato recibido, mientras Delgado Soto pidió su relevo de la zona militar. Este se concretó, aunque coincidió con otras 28 rotaciones de mandos en todo el país, no por cuestiones políticas, sino por actividades operativas y administrativas propias de la Defensa.
Si bien Rocha pidió licencia, no fue para enfrentar una investigación. Existen declaraciones del propio Ismael El Mayo Zambada, expedientes abiertos y ahora los testimonios de Mérida Sánchez y Díaz Vega, que deberían motivarla. Lo hizo para desaparecer del escenario público. Nadie sabe con certeza dónde está.
Se intentó sostener la versión de que continúa en Sinaloa y, para ello, el senador morenista Enrique Inzunza acudió al domicilio del mandatario en Isla Musala, en Culiacán. Testigos vieron entrar al legislador, pero nunca vieron entrar ni salir a Rocha Moya. ¿Fue un montaje para reforzar la narrativa de que el gobernador está vivo y permanece en Sinaloa?
Lo que sí es cierto es que el llamado Rochagate ya escaló a otro nivel tras la emisión de la Ficha Roja de Interpol. Eso cambia el escenario. Ya no se trata solamente de una investigación abierta en EU, sino de la posibilidad real de que Rocha Moya pueda ser detenido en cualquier momento y trasladado a territorio estadunidense. Ésa es precisamente una de las razones por las que Morena y el gobierno federal parecen empeñados en mantenerlo escondido.
Morena intenta distraer la atención hablando de soberanía y persiguiendo políticamente a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. La acusan sin pruebas contundentes, pero protegen a Rocha Moya pese a las evidencias y al congelamiento de sus cuentas ordenado por la UIF.
Sheinbaum insiste en que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Jurídicamente tiene razón. Políticamente, el problema es otro: parece más preocupada por defender a Rocha Moya que por mirar las consecuencias. Es momento de deslindarse, porque vienen otras listas de políticos ligados al crimen organizado y no le alcanzará para defender a cada uno de ellos.
DE IMAGINARIA
Cada vez más se acercan al círculo de poder de López Obrador. Fernando Farías, acusado de huachicol fiscal y detenido en Argentina, será vinculado por Estados Unidos a lavado de dinero y corrupción de empresarios en Texas. El marino tiene información delicada que involucra a los hijos de López Obrador, al propio exmandatario y a políticos mexicanos, incluido el exsecretario de Marina.