Política a la deriva

La violencia, la incertidumbre y la pobreza reinantes en distintas regiones del mundo acompañan a sus víctimas más allá de sus lugares de origen. La última fotografía de la catástrofe la ofrece la embarcación humanitaria Open Arms, que por semanas no ha encontrado la vía para desembarcar, de manera segura, al centenar de migrantes que lleva a bordo en condiciones precarias y de hacinamiento, después de rescatarlos en dos distintas operaciones ocurridas a principios de agosto.

Éste es un escenario del todo conocido para la tripulación. Si bien en los últimos cuatro años la organización no gubernamental Open Arms ha rescatado a casi sesenta mil vidas en el Mar Mediterráneo Central —la zona marítima que contabiliza la mayor cantidad de muertes de migrantes desde 2014—, en muchas de estas misiones de salvamento y al igual que lo sucedido a otras asociaciones similares, un número constante de países europeos les han bloqueado el acceso a sus puertos para impedir el desembarco de los náufragos en el mundo desarrollado. A pesar del discurso multilateral a favor de la migración ordenada y segura, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas con la firma de un acuerdo en la materia a finales del año pasado, lo cierto es que las convenciones y pactos suelen ser poco más que letra muerta. Por ejemplo, en una explicación general, el orden internacional señala que los capitanes están obligados a brindar ayuda a cualquier mujer u hombre en situación de peligro en el mar, así como de llevarlos al puerto donde su vida o libertad se encuentren fuera de riesgo. Mientras, los países receptores, en este tipo de coyunturas, deberán asegurar rapidez en los procesos de desembarque, a fin de brindar seguridad y certidumbre tanto a rescatados como a tripulantes, respectivamente.

Sin embargo, el caso específico del Open Arms muestra una política internacional a la deriva. Primero, en el pasado reciente y contraviniendo el marco internacional, España prohibió a esta organización no gubernamental el realizar tareas de rescate de inmigrantes durante sus operaciones, como consecuencia de la negativa sistemática de otros países europeos a dar recepción automática a las personas salvadas. Intentando con ello evitar ser la recurrente puerta receptora de migrantes.

Segundo, el rostro del aislacionismo y la intolerancia se hace presente a través del gobierno italiano de ultraderecha, quien rechaza el embarque del Open Arms en su puerto ubicado en la isla de Lampedusa, aun cuando terceros países finalmente acordaron la recepción legal del total del número de rescatados. En el mismo sentido, previamente Malta ya había negado la entrada humanitaria al poco más de centenar de migrantes, por la falta de acuerdo entre países sobre el destino de los mismos. Tercero, los puertos de acceso al mundo desarrollado no saben cómo lidiar con el fenómeno de la migración. La falta de protocolos y mecanismos efectivos de coordinación provocaron que Alemania, Francia, España, Luxemburgo, Portugal y Rumanía demoraran días en dar certidumbre a la recepción del apenas centenar de migrantes, cuando esta decisión administrada en tiempos óptimos hubiera habilitado el desembarco en Malta sin necesidad de llegar al riesgo de la crisis humanitaria ahora existente en el Open Arms. Y, cuarto, la distinción a la inamovilidad se la lleva la Unión Europea. En un tema que despierta de manera recurrente la indignación de sus ciudadanos, como es el fenómeno de la migración y la muerte que se da en el Mar Mediterráneo, Bruselas se escuda en que sólo puede actuar en aquellos casos donde un país de la Unión se los solicita y, entonces, la estructura burocrática prefiere girar su vista hacia otro lado si nadie le toca la puerta. Todo indica que la improvisación es la regla de la política migratoria, en una UE que promete idearios muy distintos.

Mientras tanto, no importa si un centenar de personas que, de origen, huyen de las peores condiciones humanas posibles, se encuentran varadas en el mar sin agua potable, a merced del racionamiento, la insalubridad y en condiciones de riesgo que ya no dan, según la tripulación, ni para llegar a los puertos de Menorca o Algeciras desde aguas marítimas italianas. Es cierto, ningún país puede dar cabida por sí solo a los flujos migratorios. Pero entonces, ¿dónde están y de qué sirven los reportes nacionales sobre los avances de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU? ¿Acaso no se podrían analizar con ellos u otros análisis similares qué países o grupos sociales requieren en verdad de una política de asilo, así como qué segmentos poblacionales están siendo traficados, de forma que los países avanzados puedan establecer políticas proactivas enfocadas en migración, desarrollo y seguridad para evitar lo más posible que la gente de esas naciones se arroje al mar? En el discurso tenemos al alcance objetivos e instrumentos multilaterales innovadores. Sin embargo, en los hechos, si no ajustamos la brújula en la toma de decisiones, seguiremos con una política a la deriva.