No a la reforma electoral

En el marco de las actividades del Foro Internacional “20 años de FIL: Democracia y Libertad”, celebrado en días recientes en Madrid a convocatoria de la fundación presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, dos expresidentes de México trajeron a la mesa una preocupación común que se extiende en amplios círculos sociales de nuestro país y de América Latina: la viabilidad de la democracia en un contexto donde el resurgimiento del populismo —junto con su alta competitividad electoral— conduce a la región a una verdadera regresión autoritaria.

Una regresión autoritaria que sustituye a la concertación de la pluralidad democrática con la persecución de los políticos opositores; así como donde la objetividad de la ley en la conducción transparente de los asuntos públicos es reemplazada por la subjetividad de quienes detentan con opacidad el poder en las instituciones nacionales de gobierno. En esta transición, resulta complejo comprender cómo aquellos que en el pasado atropellaron la voluntad popular expresada en las urnas, hoy se pretenden mostrar como aliados del bienestar de las mayorías populares.

En especial cuando el populismo, fiel a su tendencia histórica, se ha dedicado a desmontar una serie de procedimientos institucionales que mejoraron crecientemente los servicios de salud, educación, financiamiento y empleo de los ciudadanos, sin que el cambio de criterios se tradujera en una mejor calidad de vida en el presente y ni siquiera abonará a una percepción positiva de mejoras en su situación en el mediano plazo. Distintos botones de muestra dan cuenta de ello: en México, los sondeos de opinión muestran la reprobación popular de las políticas públicas en los rubros más sensibles que inciden en la vida diaria de las personas; mientras, en Brasil, el rechazo social a su mandatario, Jair Bolsonaro, lo mantiene contra las cuerdas en la elección presidencial, a pesar de enfrentar a un candidato tan carismático como cuestionado, Luiz Inácio Lula da Silva.

Es con el control político como buscan evadir la rendición de cuentas frente a la falta de resultados. Bien reflexionó en dicho foro internacional el expresidente Ernesto Zedillo, que la demagogia y las fórmulas mágicas propias del populismo sólo han generado en la región mayor desigualdad y pobreza, a contrasentido de su propio discurso. Por eso la urgencia de controlar el poder político y los mecanismos de sucesión, a pesar de haber accedido por medios democráticos, para evitar a toda costa que sean desplazados de las estructuras y recursos del poder público.

Por eso le asiste la razón al expresidente Felipe Calderón, quien alerta el rechazo del populismo a sujetarse a las reglas de la democracia, entre otras vías mediante la persecución de los adversarios. Cabe señalar que esto no sólo es en contra de políticos con militancias distintas a los del partido oficial, sino contra quienes dentro del mismo régimen representen una amenaza a los intereses de la cúpula. Ahí está el caso del senador Ricardo Monreal —entre tantos otros a nivel estatal o municipal—, quien a dos lejanos años de la elección presidencial mexicana de 2024 ya acusa el emprendimiento de la descalificación, la intriga, la amenaza y la persecución con el propósito de inhibirlo a participar en la contienda interna del Movimiento Regeneración Nacional.

Bajo el clima político antes descrito, la reforma electoral que persigue Morena no es deseable. No lo es porque, a pesar de haber grandes espacios de oportunidad para llevar el juego democrático a un nuevo nivel, en términos de la libertad de expresión de candidatos, casas de campaña, partidos y otros actores sociales relevantes para incidir en la calidad de la conversación electoral, entre otros rubros que aseguran la equidad y certeza de las contiendas, el partido oficial la concibe desde el chantaje y la imposición, esto es, desde la lógica de la regresión autoritaria.

Como sociedad debemos recordar que las buenas reformas electorales parten no sólo de la inconformidad de los actores con las reglas del juego democrático, sino con la construcción de soluciones que terminan siendo aprobadas por amplias mayorías de la pluralidad política. Ahí está la supervivencia del sistema democrático y, por ello, debemos decir “no” a la iniciativa de reforma.