Homicidios o desaparecidos
Los colectivos siguen saliendo a buscar a sus hijos, muchas veces con información que deberían estar generando las fiscalías. La tragedia de Teresa González Murillo, madre buscadora asesinada en Guadalajara, es una advertencia dolorosa de lo que implica esta lucha: arriesgar la vida por hacer el trabajo que es responsabilidad del gobierno.
La desaparición forzada se ha convertido en uno de los rostros más graves de la impunidad en México, teniendo una cifra oficial que supera las 100 mil. Mientras el Estado se pierde maquillando cifras de homicidios, las madres buscadoras son las que se encargan de encontrar nuevos casos de fosas clandestinas, ellas son las verdaderas investigadoras forenses. Su labor no es por elección, sino por necesidad de conocer el paradero de sus hijos y ante la ausencia total de las autoridades.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la relación del gobierno con los colectivos de búsqueda fue nula. Aunque se reconoció el problema con la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, los hechos mostraron otra realidad. Las madres denunciaban falta de recursos, trabas institucionales, evidencias borradas, así como el desprecio por parte de los gobiernos de la 4T.
Recordemos cómo Andrés Manuel López Obrador desestimó el hallazgo de un posible crematorio clandestino en CDMX denunciado por Cecilia Flores, líder de Madres Buscadoras de Sonora, calificándolo como un posible “montaje político”.
Con Claudia Sheinbaum como presidenta, la expectativa era que la narrativa cambiara. Sin embargo, la historia ha seguido por los mismos cauces. Los colectivos siguen saliendo a buscar a sus hijos, muchas veces con información que deberían estar generando las fiscalías.
La tragedia de Teresa González Murillo, madre buscadora asesinada en Guadalajara, es una advertencia dolorosa de lo que implica esta lucha: arriesgar la vida por hacer el trabajo que es responsabilidad del gobierno. El reciente descubrimiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde jóvenes eran cooptados con supuestas oportunidades de trabajo sin saber que su destino sería el adiestramiento o la muerte por parte de un cártel del crimen organizado, exhibe lo que los colectivos han venido denunciando desde hace años: el país está lleno de fosas y crematorios clandestinos.
La Presidenta ha anunciado reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, incluyendo una Plataforma Única de Identidad y una base nacional de carpetas de investigación, lo cual sería altamente grave, en razón de que toda esta información, biométricos, bases de datos de todas las empresas y organismos públicos y privados podría caer en manos del crimen organizado, ya que, hasta el día de hoy, sigue sin pasar nada con diversos gobernadores, así como personajes relevantes de Morena que han sido señalados fuertemente por vínculos con el crimen organizado.
Hoy, la percepción de que vivimos los momentos más inseguros en la historia de México llega hasta 80% de los mexicanos y no es para menos. La gente sigue desapareciendo, las madres siguen buscando y el Estado continúa sin asumir su responsabilidad.
Mientras no se proteja, escuche y respalde de forma efectiva a las madres buscadoras, el gobierno mexicano seguirá siendo cómplice por omisión.
Porque, si ellas no buscan, nadie lo hace.