Ruptura de monopolios

Tras el inicio del cierre de las estancias infantiles, ha quedado de manifiesto el interés del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por terminar con los negocios o puntos de corrupción en el país; asimismo, con la derogación de la reforma educativa es evidente que toca el turno a la asociación civil denominada Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM). Se trata de un organismo al que en 2011, en el sexenio de Felipe Calderón, a través de una modificación a la Ley General de Salud, se le dio la facultad única de otorgar las certificaciones de especialidades médicas en México, un negocio de cientos de millones de pesos al año.

Desde entonces, diversas organizaciones y médicos han señalado que el Estado es quien debería certificar las especialidades médicas en nuestro país y no una asociación civil. El trasfondo real de aquella modificación consistió en entregar un monopolio de exclusividad al CONACEM para que sea la única que valide los estudios de especialización a través de sus certificaciones. Los médicos especialistas no pueden ejercer si no cuentan con ellas. Ello viola los principios de libertad profesional y de libre competencia debido a que los médicos se ven obligados a pagar altas sumas de dinero por un documento que no garantiza la especialidad de sus agremiados, además de no pertenecer ni a la Dirección General de Profesiones ni a la Secretaría de Salud, lo que pone en duda la certeza jurídica del organismo. Los médicos deben pagar altos montos económicos para conseguir la certificación de su especialidad. No existe ninguna legislación que supervise sus procedimientos, por eso tampoco hay mucha claridad del dinero que generan derivado de sus 47 consejos de especialidades. Los médicos estudian varios años en la universidad y luego una especialidad, pero resulta que no pueden ejercer si no cuentan con el aval del CONACEM.

Debemos ser claros, todos los médicos deben estar certificados, pero no bajo un ente particular monopólico. Manos a la obra tendrán que poner los titulares de las secretarías de Salud y de Educación Pública para devolverle al Estado mexicano la Certificación de Médicos Especialistas, que por ahora se encuentra en manos de una A.C., amo y señor de la certificación de médicos en México, responsable del gran déficit de especialistas en el país y, al parecer, un gran negocio para sus dueños. En países como España o Estados Unidos la certificación en cualquier área de la salud corre a cargo de una Junta Nacional de Examinadores Médicos bajo control y supervisión del National Board of Medical Examiners (en el caso de EU) en manos del gobierno, quien elabora y administra los exámenes y mantiene una base de datos a disposición del médico y las instituciones que requieran la corroboración de su estatus. Las juntas médicas estatales, en coordinación con la Junta Estatal de Licenciatura y Registro, verifican las credenciales del médico y le otorgan la licencia o permiso para ejercer dentro de los límites geográficos del estado particular. Sin duda, un modelo de regulación de avanzada que valdría la pena implementar. El hecho de que las disposiciones de la Ley General de Salud en México regulen administrativamente el tema de la certificación de las especialidades médicas no debería eximir al Estado de ser el responsable de emitir los certificados de las respectivas especialidades médicas y, no dejarlo en manos de particulares o asociaciones civiles. La historia ha demostrado que al claudicar el Estado a sus funciones de rector de la vida institucional del país, sobreviene la discrecionalidad en la aplicación de las leyes, lo que impide un desarrollo más justo para los ciudadanos.