En la colaboración de la semana pasada, estimado lector, revelé el conflicto que existe con respecto de una serie de denuncias que, de manera unánime, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, entonces presidido por Vania Pérez Morales (2025-26), presentó ante el juez primero de Distrito en Materia Administrativa por presuntos actos de corrupción cometidos por el exsecretario ejecutivo Roberto Moreno Herrera, quien argumentó que se le vulneró su derecho de presunción de inocencia así como un resarcimiento económico por 4 millones de pesos que tendrían que ser pagados con recursos públicos.
Ante ello, la expresidenta del SNA —Vania Pérez Morales— nos hizo llegar a esta columna su versión de los hechos, en la que asegura que “es incorrecto afirmar que Roberto Moreno fue objeto de una remoción arbitraria o unilateral. Por tal motivo, el 20 de febrero de 2025 se emitió la convocatoria para una sesión cuyo único punto consistía en solicitar la remoción del secretario técnico conforme al marco jurídico vigente. Ésta se realizó respetando plenamente los plazos legales y la sesión se celebró el 25 de febrero de 2025.
“Minutos antes del inicio de dicha sesión, Roberto Moreno presentó formalmente su renuncia por conducto del área jurídica de la Secretaría Ejecutiva, la cual fue puesta a consideración del pleno del Órgano de Gobierno. Una vez presentada la renuncia, el OG sesionó válidamente y aprobó por unanimidad la aceptación de la renuncia así como la designación del director general de Administración como encargado temporal del despacho de la SE.
“Es falso que Vania Pérez Morales hubiera ordenado despidos de personas servidoras públicas. Los nombramientos y los contratos de los titulares de las áreas técnicas contaban con fechas de conclusión previamente acordadas por el Órgano de Gobierno. Por decisión unánime se permitió que concluyeran sus encargos hasta el 31 de julio de 2025. Ninguna persona fue removida anticipadamente por decisión de la Presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que hay que decir es que hay procedimientos abiertos sobre el actuar de algunos de ellos.
“Actualmente, Roberto Moreno reclama recursos públicos, mediante la figura de responsabilidad patrimonial del Estado, por una cantidad superior a 4 millones de pesos con cargo al erario federal. Dicha reclamación se encuentra vinculada a hechos que continúan siendo objeto de revisión por diversas autoridades competentes.
“Resulta relevante señalar que el propio Roberto Moreno manifestó públicamente en diversas ocasiones que nadie le solicitó la renuncia y que decidió separarse del cargo por razones que consideró convenientes a sus intereses, lo que contrasta con las acciones legales que actualmente promueve y que, de prosperar, implicarían una erogación de recursos públicos pese a que dejó de desempeñar funciones en la Secretaría Ejecutiva hace más de un año.
“La reclamación patrimonial antes referida fue admitida por Patricia Talavera Torres, quien públicamente se ha ostentado como presidenta del SNA, sin que exista resolución o determinación de autoridad competente que la reconozca con tal carácter.
“Todas las actuaciones realizadas por Vania Pérez Morales durante su encargo como presidenta del SNA se desarrollaron dentro de las facultades previstas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y demás disposiciones aplicables. Las decisiones relevantes fueron adoptadas por órganos colegiados competentes y mediante los procedimientos previstos por la normatividad vigente”.
Finalmente, Pérez Morales señala que los hechos aquí referidos cuentan con respaldo documental y han sido puestos en conocimiento de las autoridades competentes a través de los mecanismos institucionales correspondientes y competerá a dichas autoridades determinar la existencia o inexistencia de responsabilidades y emitir su resolución que en derecho procedan.