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Zapata

Mario Luis Fuentes

Mario Luis Fuentes

Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña desperdiciaron la oportunidad histórica de conmemorar con acciones emblemáticas los centenarios que se celebraron durante sus mandatos: el de la Independencia Nacional, el de la Revolución Mexicana, y también el de la Constitución de 1917. Frente a estas fechas, se optó por llevar a cabo eventos intrascendentes y la construcción de monumentos que resultaron un fiasco, como la Estela de Luz, que ahora es lamentablemente famosa como la “estela de corrupción”.

Emiliano Zapata es emblemático en nuestra historia por muchas razones; pero una de ellas destaca en particular: representa la aspiración de construir un país en el que haya justicia y dignidad, pero sobre todo, un país sin discriminación y exclusión para las personas indígenas. En ese sentido, sí hay un eco en las demandas de Zapata en nuestros días, ése es precisamente el de la voz de los olvidados, de los marginados de siempre.

Hoy, de acuerdo con los datos oficiales, sólo tres de cada 100 personas indígenas tienen acceso a los niveles mínimos de bienestar considerados como necesarios para no ser pobre o vulnerable. Por eso, este nuevo “Centenario” debe ser aprovechado al máximo, para que no sea una vez más un pretexto para tener tema en el marco de la comunicación social del gobierno.

Así, reconociendo que se han anunciado varios “programas insignia” de la nueva administración, los cuales transferirán dinero a varios sectores vulnerables, se requerirá además construir un nuevo andamiaje institucional para garantizar los derechos humanos, comenzando con la rearticulación de un nuevo sistema universal de salud, a lo que debería sumarse, con urgencia, una nueva estrategia que resignifique la relación del Estado mexicano con los pueblos y comunidades indígenas.

Un paso de la mayor relevancia sería, por ejemplo, asumir un serio compromiso con el cumplimiento integral de los Acuerdos de San Andrés; hoy no hay pretexto para no avanzar hacia una reforma jurídica e incluso constitucional que permita honrar ese compromiso que hasta ahora ha sido sólo una aspiración de muchos.

Tendríamos que avanzar hacia una nueva política de protección y garantía del derecho a la lengua materna, y en esa medida, hacia una nueva política de promoción y rescate de las lenguas originarias de nuestro país. Sin duda, rescatar los Acuerdos de San Andrés debería llevarnos a un nuevo estilo de desarrollo, en el que nunca más nuestro país sea un territorio de excluidos y de personas que son marginadas en su propia tierra.

Debemos ser capaces de resignificar nuestra historia; recuperar el sentido profundo de las luchas de los vencidos y relanzar las luchas más emblemáticas bajo la idea de un país de derechos humanos, democracia plena y bienestar generalizado.

Desde esta perspectiva, la nueva administración tiene el reto de construir, en los siguientes meses, una propuesta que honre, más allá de los homenajes y los discursos, la memoria de quienes construyeron, no sólo el país que hoy tenemos, sino también senderos y horizontes de posibilidad hacia una nueva etapa de justicia y dignidad para todas y todos.

No podemos ser más un país de agravios, de confrontaciones estériles, de millones de personas en pobreza, de cientos de miles de víctimas desamparadas por el Estado, de millones sin oportunidades para acceder a servicios elementales, de millones de mujeres que son víctimas de violencia en sus hogares y en las calles…

“Ni deudas ni venganzas para México”, me decía en alguna ocasión el memorable Doctor Jesús Kumate, reflexionando sobre nuestra historia nacional; y ése es, sin duda, uno de los grandes retos de nuestros días.

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