La compleja transición

La agenda de gobierno de la administración 2024-2030 aún es una incógnita. Hasta ahora, en términos generales, se ha hablado de manera reiterada de un “segundo piso de la Cuarta Transformación; sin embargo, aún no queda claro cuáles son las coordenadas de la visión personal de la Presidenta electa ni del estilo que tendrá en el ejercicio del gobierno; y tampoco del tipo de relación que tendrá con el Congreso de la Unión.

En ese contexto, la decisión del presidente López Obrador de impulsar las reformas constitucionales que están pendientes de dictamen y aprobación, con la finalidad de modificar estructuralmente al Poder Judicial y de extinguir varios de los organismos constitucionales autónomos, determinará en buena medida la relación que se tendrá en el contexto de división de poderes que establece nuestra Constitución, pero también cambiará de manera relevante algunas de las lógicas de transparencia y acceso a la información de que se dispone hasta ahora.

Poco a poco, la virtual Presidenta electa está enviando algunos mensajes que pueden interpretarse como la intención de posicionar un proyecto propio; sin embargo, los márgenes de que dispone, sobre todo ante factores que aún no controla, son estrechos y parecería que se pueden cerrar aún más rumbo a su toma de posesión.

En efecto, entre esos factores se encuentran los de una economía atrapada en una lógica de bajo crecimiento, con un espacio fiscal muy reducido, y en un contexto de cambio de gobierno en los Estados Unidos de América que podría agudizar los problemas que enfrenta el país en el contexto del T-MEC, y en la dimensión humana más crítica, en el drama de la crisis humanitaria asociada a la crisis migratoria.

Por otro lado, las desigualdades socioeconómicas asociadas a la inmensa violencia y criminalidad que permanecen en el país imponen también emergencias cotidianas que, por más que se hayan instalado como parte de una “anómala normalidad”, siguen generando un inconmensurable costo social expresado en los homicidios y desapariciones de miles de decenas de personas todos los años.

Los anuncios que se han hecho sobre la integración del gabinete presidencial han generado una reacción positiva en la opinión pública. Se trata, en su mayoría, de personajes que han acreditado experiencia, capacidad y eficacia en su desempeño profesional y, en ese sentido, se percibe un perfil de gobierno distinto que apuesta por capacidades técnicas, pero, sobre todo, por oficio político y personalidades que han mostrado también capacidad de diálogo y visiones propias que pueden abonar a la construcción de una nueva lógica de gobierno.

Todo inicio de gobierno es complejo; pues aun cuando se trata del mismo partido en el poder, también se refleja en la integración del gabinete una postura política de la virtual Presidenta electa, en la que se hacen también notorias las diferencias entre los grupos del poder que actúan al interior del hoy partido mayoritario.

En ese sentido, será fundamental igualmente la relación que tendrá la nueva Presidenta con las y los titulares de los ejecutivos estatales, pues será con ellas y con ellos con quienes tendrá que negociar, desde presupuestos hasta estrategias regionales para impulsar su propia visión de cómo debe articularse la República, si es que de verdad se quiere avanzar hacia un nuevo curso de desarrollo para el país.

Ya se ha dicho con anterioridad, pero ante la inminencia del cambio de gobierno es pertinente recordar que la duración de la nueva administración coincidirá con el plazo establecido para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, entre los que se encuentran, de manera prioritaria: erradicar el hambre, eliminar la pobreza en todas sus formas; reducir significativamente las desigualdades; revertir el deterioro ambiental; brindar salud de calidad universal, garantizar la paz y construir ciudades incluyentes.

Son, todas, agendas en las que el país no marcha bien y constituyen retos enormes para el nuevo gobierno porque, en buena medida, su evaluación estará necesariamente vinculada a esos grandes objetivos, que no son distintos a lo que manda nuestra Carta Magna.