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Son datos, no interpretaciones

María Amparo Casar

María Amparo Casar

A juicio de Amparo

El mundo sigue sin saber lo suficiente sobre el covid-19 y su comportamiento, pero ha acumulado mucha experiencia para evaluar las políticas de salud dirigidas a evitar más contagios y fallecimientos y para juzgar las medidas encaminadas a paliar el impacto económico y social de la pandemia.

México ha decidido ignorar, cuando no despreciar, la experiencia y conocimiento acumulados en ambos campos. No es que haya optado por innovar y experimentar con políticas de avanzada. Simplemente ha decidido seguir con decisiones tomadas con anterioridad y desconocer que el contexto ha cambiado. Se tomó la decisión de que nada ni nadie podrá intervenir en la hoja de ruta trazada para la llamada 4T. Cualquier intento de interferencia, ¡aun un factor exógeno como el coronavirus!, debe ser combatido.

Los resultados están a la vista. Los datos no vienen de los conservadores ni de los adversarios ni de los neoliberales ni de los corruptos. Son los que proporcionan las propias autoridades, aunque sean manipulados o reinterpretados en las mañaneras.

Cinco han sido las recomendaciones de los expertos en salud: pruebas masivas, unidades de rastreo, uso obligatorio de cubrebocas, confinamiento y dotación de equipo de protección y capacitación adecuada al personal de salud. Reprobamos en casi todas. Los resultados: 10% de tasa de mortalidad, cuarto lugar en número absoluto de fallecimientos (87,415), décimo lugar en contagios, número de pruebas por millón de habitantes menor a 2%, o sea, el número 29 de los 30 países con más afectaciones por covid (Worldometer y Statista, octubre 2020). Por añadidura, sobresalimos porque somos el país que registra el mayor número de muertes por coronavirus (1,790) de entre los trabajadores de la salud y porque ellos (130,950) representan el 17% de los contagiados (Secretaría de Salud, 25-10-20).

Más desoladores son, si cabe, los resultados sociales que arrojan las intervenciones del gobierno en materia económica. Nora Lustig et. al., del Commitment to Equity Institute, publicaron un estudio sobre el impacto de las políticas para amortiguar los efectos económicos y sociales del confinamiento impuesto por la pandemia.

Lo primero que se advierte es que, a diferencia de Argentina y Brasil, México optó por no expandir los programas asistenciales. En contraste, en Argentina y Brasil los apoyos se expandieron para incluir nuevas transferencias (Ingreso Familiar de Emergencia y Auxilio Emergencial) y mayor número de beneficiarios, 13.3 y 53 millones, respectivamente. Estos programas le han costado cerca de 1% del PIB a Argentina y de 2 puntos a Brasil, pero han tenido réditos importantes en la disminución del golpe a los ingresos, la pobreza y la desigualdad. En Brasil, por ejemplo, la pobreza y la desigualdad después de las transferencias es ligeramente más baja que inmediatamente antes de la pandemia.

El segundo dato a resaltar es el diminuto, por no decir ridículo, apoyo general del gobierno mexicano para enfrentar la crisis: 0.7% del PIB. Este porcentaje adquiere su dimensión cuando se compara con el 6% del gobierno argentino o el 11.8% del brasileño.

Otro hallazgo importante es que los peores efectos de la pandemia no recaen sobre los más pobres, sino sobre aquellos hogares que se encuentran en la media de la distribución del ingreso.

Finalmente, habría que agregar que, en lo que va de la pandemia, Brasil ha perdido 11 millones de empleos de una fuerza laboral de aproximadamente 94 millones, mientras que México ha perdido 12 millones de una fuerza laboral de 55.4 millones.

Sé que no ha habido poder humano capaz de modificar los dogmas del nuevo gobierno, pero quizá esta cita de la autora del estudio pudiese contribuir: “El pensamiento económico se ha ido transformando desde una postura que consideraba a la equidad y el crecimiento económico (la eficiencia) como objetivos contrapuestos a la contraria: mayor equidad e inclusión no solamente pueden ser conducentes a mayor crecimiento, sino que, bajo ciertas circunstancias, una mayor inclusión puede ser una condición necesaria para el crecimiento sostenido (…) cierto tipo de políticas públicas pueden enfrentar a estos dos objetivos. Por ejemplo, si se grava fuertemente la inversión productiva, por más que los recursos se utilicen para redistribuir ingresos hacia los sectores más desfavorecidos, el efecto negativo sobre el crecimiento económico puede llegar a cancelar los beneficios de una redistribución progresista. En contraste, si la recaudación se hace de manera cuidadosa y las políticas redistributivas se orientan a aumentar el capital humano de la población pobre y se eliminan los mecanismos que subsidian y protegen rentas oligopólicas, la inclusión y el crecimiento económico irán de la mano (…) visiones como éstas no solamente son argumentadas por las izquierdas. Ya se han vuelto parte del pensamiento mainstream, incluyendo organismos como el FMI” (El País, 21-09-20).

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