Para qué sirve la información

De acuerdo al Censo Económico de 2014, en México hay 4.5 millones de unidades económicas entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Son muchos, reveladores, interesantes y útiles los hallazgos de la encuesta. Gracias a ésta, sabemos que cada unidad económica tiene que realizar, en promedio al año, 19.5 trámites, pagos o “servicios de solicitudes” ante los tres órdenes de gobierno, que el marco regulatorio es un obstáculo para el logro de los objetivos de sus negocios y que los pagos que tienen que hacer resultan onerosos en tiempo y en dinero.

Los trámites van desde aquellos que se tienen que realizar ante las autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público (juicios laborales y mercantiles) hasta la obtención de licencias comerciales y la inscripción como proveedores del gobierno.

El nivel de satisfacción de las unidades económicas con los trámites o solicitudes que tienen que realizar varía, pero los peor evaluados son precisamente aquellos que tienen que ver con seguridad pública, ministerios y jueces y registro público de la propiedad.

Mención especial merece la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción experimentados. El 82% de las unidades económicas opina que los actos de corrupción por parte de los servidores públicos son frecuentes y los motivos principales por los que ocurren son: agilizar trámites, evitar multas, impedir clausuras, pagar menos impuestos y evadir inspecciones. Sin embargo, sólo 561 unidades económicas por cada 10 mil reportaron haber sido víctimas de un acto de corrupción.

A nivel nacional, el costo de los actos de corrupción para las unidades económicas se estima en 1.6 mil millones de pesos y el gasto promedio en corrupción por unidad económica fue de 12 mil 243 pesos. El problema, como siempre, es que el costo de los trámites (incluido el de corrupción) y el impacto sobre los negocios no se distribuyen igual. Son las de menor tamaño las que pagan más y están más expuestas y desprotegidas. Las micro y pequeñas empresas, que representan el 96% del total, erogan 1.3 mil millones de los 1.6 mil millones de pesos que se pagan en total por actos de corrupción. Si bien cada empresa grande paga en promedio poco más de 48 mil pesos al año por actos de corrupción, las medianas pagan 85 mil y las pequeñas 35 mil.

La explicación a esto, y quizá la solución también, es que las empresas de menor tamaño tienen mucho más contactos con la autoridad. Sólo el 23% de los pagos o solicitudes de servicios realizados por unidades económicas durante 2016 se hizo por internet, mientras que el 40% los interesados acudió a oficinas de gobierno y son precisamente las micro y pequeñas empresas las que más trámites realizan en las oficinas de gobierno (64%) y las grandes las que menos (18%).

En concordancia con otras encuestas que sitúan a la inseguridad y la violencia como factores clave en el desempeño y decisiones de invertir de las empresas, este nuevo producto informativo revela también que el 38% de las unidades económicas ha tenido que alterar su quehacer cotidiano como consecuencia del delito: reducir sus horarios de producción, comercialización, archivar sus planes de crecimiento y/o cancelar sus rutas de distribución.

No puedo en este espacio hacer justicia a la riqueza de la ENCRIGE, pero la valiosa información que ofrece no debiera servir únicamente para ampliar nuestro conocimiento o documentar nuestro pesimismo sobre la situación que enfrentan las empresas en su pretensión de invertir, crecer, modernizarse o sobrevivir. Debiera servir para alertar a las autoridades sobre lo que funciona y lo que obstaculiza el crecimiento, la productividad y la competitividad; orientar la toma de decisiones.

En México tenemos —todavía— instituciones de primera. El Inegi es una de ellas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es otra. La ASF ha hecho más que ninguna otra institución pública para exhibir el enorme desvío de recursos que ocurre en el país y para evaluar el desempeño de los programas de gobierno. La tragedia es que de la desastrosa realidad que nos pinta cada año, no se deriva un cambio sustancial que corrija los más grandes escándalos en el desvío de recursos públicos o en la ineficacia del gasto gubernamental. Si los informes del Inegi van a servir para lo mismo que los de la ASF, no vale la pena seguir invirtiendo en estos reportes. La ENCRIGE pide a gritos una reforma regulatoria para un país que pide a gritos mejoras en la competitividad y en el crecimiento. A casi dos meses de su publicación, las autoridades competentes en la materia no han dicho esta boca es mía.