Muchas cosas se han deteriorado en la vida pública de México desde 2018. Muchos advertimos que el objetivo era el restablecimiento de un sistema autárquico de partido único como lo hubo hasta 1982, cuando las condiciones económicas, consecuencia de las malas políticas a las que estamos regresando, provocaron la apertura económica de México y, por ende, su modernización política y económica.
Dentro de la apertura de México, era fundamental que, como aspirante a la democracia liberal, México iniciara un camino de reconocimiento de derechos individuales frente al Estado que se planteaba como autoridad y no como servidor. Y ahí hemos regresado paulatinamente durante estos últimos años. Para la Presidencia desde 2018, el presidente es el jefe de México, que es como se consideraban los políticos de los 70 y no como debería serlo, el primer servidor público de México. En los países más decentes del mundo y, a pesar de que se persigue el poder y éste corrompe en todos lados (aunque hay niveles), la gente que está en el gobierno se autodesigna como servidores. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando un expresidente hace referencia a su periodo presidencial dice: “Cuando serví…”.
Ésta es una situación filosófica y deontológica relevante, porque tiene efectos de ejemplaridad en todos los niveles del Estado mexicano. En los 70 y 80, la gente que trabajaba en el gobierno no sentía que estaba ahí para brindar un servicio público a sus connacionales, sino que eran privilegiados y jefes del resto porque tenían autoridad (la “autoridá”). Los coches oficiales, los guaruras a funcionarios medios, las comidas y la mexicanísima charola a la que le auguro un pronto regreso.
La charola (todavía existe en el Poder Legislativo) era una placa que acreditaba que la persona que la portaba trabajaba en el gobierno y, por lo tanto, era la “autoridá”. Servía con particulares, pero también para espantar a otros funcionarios de menor nivel como policías funcionarios de aduanas, para sacar licencias, pasaportes, etcétera.
La charola era tan valiosa en ese México primitivo al que volvemos que cualquiera podía conseguir una con algún conectado en el gobierno.
Pues no sé si usted lo note, pero ese desprecio a la ley que fue tan vocal desde 2018 está permeando a todas las capas del gobierno, ya sea local o federal y volvemos a pasos agigantados a los tiempos de los excesos de la autoridad frente al ciudadano. ¿Cuál es la vacuna del ciudadano? La misma de antes y de siempre, la mordida o la charola.
Esta reflexión viene al caso por el cambio de actitudes de varios funcionarios durante los últimos años, pero particularmente de dos ejemplares que están en los aeropuertos nacionales y de los que no he visto par en el mundo.
El primero es el de aduanas. En todas partes civilizadas del mundo, un viajero tiene dos opciones, declarar si trae algo que requiera un pago de impuesto o esté prohibido por alguna ley o no declarar, en cuyo caso tiene la libertad de salir sin ser revisado o ser revisado por causa probable; es decir, sospecha de que miente por algún indicador justificado.
En México nunca existió en plenitud, pero al menos había un sistema de semáforos que quitaba el poder al funcionario en turno para hacer lo que quiera. Hoy estamos en manos de funcionarios prepotentes que abusan de su autoridad en el país con más tratados de libre comercio del mundo para terminar la paradoja. Creo que Aduanas está a tiempo de corregir los excesos, pero ya está tarde.
La segunda es la nueva moda del Instituto Nacional de Migración de solicitar documentos oficiales, INE o pasaporte, dentro de los aeropuertos nacionales y en vuelos locales. La agresividad e inflexibilidad con la que lo hacen es pasmosa. El problema es que no hay ley que obligue a los mexicanos a tener (menos traer) pasaporte o credencial del INE y la Constitución garantiza la libertad de tránsito, pero estas personas no respetan la ley y pueden retenerte ilegalmente como en el caso de aduanas.
¿Es esto el humanismo mexicano?