Todo cambio político o sistémico debe tener legitimidad para funcionar. Si bien las constituciones y leyes reglamentarias permiten quórum y votación mayoritaria, lo más inteligente es contar con el consenso general cuando hay dichos cambios en la estructura organizativa de un Estado.
En el mundo hay muchos ejemplos. Cuando los estadunidenses ganaron la guerra en Europa y Japón, como consecuencia de ello, se trabajó con los políticos locales para negociar y consensuar los sistemas políticos y las reglas aplicables a la posguerra; había un antecedente. El Tratado de Versalles, suscrito en junio de 1919, pretendió ser un tratado de paz entre las fuerzas que pelearon la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que, como todo abogado sabe, un tratado es un convenio de mayor rango firmado entre Estados. Para que un tratado o convenio funcione, debe existir un acuerdo de voluntades, de lo contrario, es una imposición. Y esto fue lo que hizo el Tratado de Versalles, una imposición de condiciones a los ganadores que generó un descontento profundo en los perdedores y derivó en la elección de un tal Adolfo Hitler (permítame el simplismo por espacio).
La transición democrática española es quizá la más radical y ejemplar de que se tenga memoria. Una dictadura de 35 años después de un golpe militar, una guerra civil y un exilio numeroso de gente pensante y trabajadora reabrió el surco social de España en dos bandos. Cuando muere Franco, el rey Juan Carlos se compromete con las potencias de Occidente a convertir a España en una monarquía parlamentaria y democrática. Para lograr esto tuvo, forzosamente, que crear los consensos necesarios para ello y eso pasaba por incluir al espectro derrotado de la guerra. Adolfo Suárez, presidente de Gobierno, inició pláticas con el Partido Socialista Obrero Español y legalizó al partido comunista. Todos consensuaron el modelo de Constitución que hoy rige a España, misma que fue aprobada por un referéndum popular.
La legitimidad viene de la ley, pero en las democracias liberales, aunque la legitimidad de cambios trascendentes viene también del consenso de las fuerzas políticas, si no, el futuro de la medida o el cambio será temporal porque, cuando llegue el derrotado, la revertirá y el objetivo se perderá.
Morena ganó con mucha solvencia las elecciones del 2 de junio, arrasando incluso en el Congreso. Confundir la mayoría con la unanimidad es un error político. Pensar que no vivimos en un país dividido por los porcentajes de la elección puede ser un diagnóstico simplista.
Respecto a la reforma del Poder Judicial debe haber un consenso por ser un cambio mayor a la estructura del Estado, no puede ser una reforma que pase por mayoría. Todo sistema es perfectible y si se consensa una reforma que haga sentido puede ser beneficiosa para el país. El problema es que la reforma viene del enojo y del resentimiento y ése nunca es un buen inicio para una reforma constitucional.
Habrá quien diga que se hicieron encuestas y que el pueblo lo ha confirmado. A ese respecto es importante mencionar que no todo es susceptible a encuestas, ya vimos cómo nos fue en la del NAIM. Además, debemos tener cuidado con las preguntas generales porque pueden ser engañosas. La justicia a la que tiene acceso (no sólo por recursos, sino por materia) el 99% de la gente es a la justicia local. Ése es el Poder Judicial organizado por los Estados y llevan el grueso de los asuntos judiciales. Ésa es la justicia que tiene muchas oportunidades para mejorar y que puede ser materia de una reforma profunda y productiva. Sin embargo, la propuesta de reforma judicial presentada por Morena impacta de mayor manera al Poder Judicial de la Federación, que es lo que mejor funciona.
Hacer una reforma por consenso permitirá abrir el espectro y eliminar propuestas inviables para un mejor resultado, pero, sobre todo, tendrá legitimidad y no será una imposición.