Consummatum est

Es muy triste despertar en el cumpleaños de la patria con un golpe republicano y constitucional tan duro como el que se aprobó la semana pasada. Vale la pena recalcar que las reformas al Poder Judicial van en contra del espíritu de la Revolución francesa y la Independencia americana, que son los dos hechos históricos que generaron la división de Poderes como un factor sin el cual puede existir la democracia liberal moderna. Digan lo que digan, México ha tenido en su historia luchas variadas entre masones yorkinos y escoceses, monárquicos y republicanos, liberales y conservadores (que cambian de lugar en la narrativa oficial mañanera), pero nunca entre los que defienden la autocracia sin saberlo y los que defienden la libertad sin arriesgarse.

Nos debemos preocupar del fondo, porque el control de un poder y un partido sobre otro poder del Estado es un golpe, aunque sea legal. ¿Qué pasaría si la mayoría del constituyente hoy pasara un artículo permitiendo el arresto indefinido sin orden judicial de cualquier ciudadano sospechoso de lo que sea a criterio de las fuerzas del orden? Pues, legalmente se podría, pero no por eso es lo correcto, por lo que no debemos irnos con la finta de que las formalidades pueden cambiar el fondo.

Las formas son fondo, como decía el gran Reyes Heroles, y el hecho de pasar una ley sin una sola modificación, sin discusión y con amenazas a los opositores hablan mucho del tipo de régimen que se construye. “Venceréis pero no convenceréis”, recordaba Sergio Sarmiento recientemente la frase que le dijo Unamuno al general Millán-Astray haciendo referencia a la imposición militar sobre la República española (no sobre el Frente Popular que gobernaba entonces).

Quizá valga la pena repasar el proceso legislativo establecido en nuestra Constitución para ver si se cumplieron las formas (de verdad o no). El proceso legislativo debe llevarse a cabo así: iniciativa de ley, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. El problema es que siempre la discusión en un Estado democrático requiere escuchar los puntos en contra y modificar los textos con aquellos cambios que se acuerden en el proceso de discutir lo que se plantea. Para mal augurio de la mayoría que pasó la reforma, está súper diagnosticado que será un error, que no tiene sentido, que es un riesgo que invita a poderes fácticos a participar (delincuencia, China, Rusia y EU), y que ahuyentará inversiones en el corto plazo. La discusión de un proyecto de reforma del Estado requiere que haya consenso para alcanzar la legitimidad, ya que el cambio de régimen no estuvo sujeto al voto popular; es decir, no se planteó en la elección si queríamos ser una democracia limitada sin división de Poderes.

Como explicaba Jorge Castañeda, hay formas para cambiar la Constitución o el Estado; puede ser referéndum, supermayorías u otras con plebiscitos, pero en ningún caso de la historia de Occidente se han hecho reformas que vayan contra los conceptos generales de los valores democráticos, menos un Congreso de supermayoría debería modificar el concepto de división de Poderes sin cambiarle una sola coma a la iniciativa del Ejecutivo sin tener la mayoría de votos de la población total de México (sólo votó 60% de la población).

Este razonamiento parece no tener eco en el partido gobernante que piensa que una supermayoría es un cheque en blanco y no sabe que las democracias liberales occidentales son esquemas complejos que tratan de balancear el poder para evitar lo anterior. Si no, ¿qué detendría a esa supermayoría a modificar la Constitución para legalizar la esclavitud o convertirnos en una monarquía? ¿Estaría justificado? Por supuesto que no.

Hay una luz al final del túnel. Como es habitual en el partido gobernante las prisas los hacen perder el detalle de las formalidades y, otra vez recordamos a don Jesús, la forma es fondo. Hubo un desaseo normal desde 2018 para el proceso de reforma constitucional que ha sido cuestionado vía juicio de amparo. Ya se han decretado suspensiones provisionales y definitivas al proceso de reforma que no han sido acatadas por el Legislativo, lo que constituye un desacato. Si el Legislativo y el Ejecutivo no acatan las suspensiones que se dan sobre las reglas vigentes, habrá una crisis constitucional y eso puede llevarnos a escenarios extremos. Los próximos 15 días serán cruciales para la República.