Hay tres cualidades que deben reunir, indispensablemente, todo juez y todo tribunal: la calidad profesional, la independencia y la imparcialidad. Sin esas virtudes, los juzgadores no son aptos para realizar su delicada tarea de manera aceptable.
Me parece que hay varios casos en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha dado muestras de que no aúna esas tres virtudes. Señalaré tres ejemplos de resoluciones del Tribunal que no son precisamente polémicas —discutibles, controversiales—, sino claramente indefendibles. Son fallos en los que al TEPJF se le ha notado una inclinación oficialista.
Uno de esos veredictos fue el origen de que nuestro país haya dejado de ser una democracia, como ha señalado el prestigiado instituto sueco V-Dem. Me refiero a la decisión en virtud de la cual, avalando la que había tomado el Instituto Nacional Electoral (INE) con una interpretación fraudulenta de la Constitución, se otorgó a la coalición de Morena y sus partidos satélites 73% de los escaños en la Cámara de Diputados —porcentaje con el cual alcanzaban la mayoría calificada necesaria para realizar reformas constitucionales—, a pesar de que en la elección del 2 de junio de 2024 obtuvieron 53% de los votos, mientras que a los partidos de oposición, que consiguieron 47% de los sufragios, apenas se les asignó 27% de las diputaciones. El único voto en contra de esa determinación fue el muy honroso de la magistrada Janine Otálora.
La espuria mayoría calificada que se le otorgó a la coalición oficialista en la Cámara de Diputados y la conseguida mediante sobornos y extorsiones en el Senado han hecho posible la demolición de los poderes judiciales, la eliminación de los organismos autónomos, la militarización de la seguridad pública, la erosión de la eficacia del juicio de amparo, el aumento de la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y la irrelevancia de la oposición en la Cámara de Diputados, pues ni siquiera alcanza el porcentaje para presentar acciones de inconstitucionalidad.
Otra sentencia absurda del TEPJF es la que condenó a Karla María Estrella, que no es política ni comunicadora, a pedir disculpas públicas durante 30 días consecutivos a la diputada Diana Karina Barreras, ¡a quien tenía que dirigirse denominándola surrealistamente Dato Protegido! La condena fue por supuestamente haber ejercido contra la diputada violencia política de género por un post en la red social X en el que Karla Estrella supone que Sergio Gutiérrez Luna, miembro de Morena y entonces presidente de la Cámara de Diputados, hizo berrinche para que su esposa Diana Karina fuera incluida como candidata al cargo. El mensaje no hablaba de la diputada, sino de un probablemente influyente berrinche de su cónyuge. Empatada la votación sobre la sentencia que debía dictarse, fue el voto de calidad de la presidenta del Tribunal, Mónica Soto, la que determinó que se condenara a Karla Estrella.
El ejemplo más reciente de un fallo inconvincente del TEPJF es el que exonera a Pío López Obrador. El hermano del expresidente de la República fue exhibido en un video recibiendo un sobre con dinero. Él mismo aceptó en una entrevista con Expansión que el recurso era para apoyar al movimiento, y el mandatario dijo que se trataba de una contribución para fortalecer al movimiento. La ley prohíbe tales contribuciones en efectivo porque no permiten indagar el origen del dinero, que puede ser turbio. El Tribunal sostiene que las pruebas no son suficientes. Es como si un hombre fuera exhibido enterrando un puñal en el vientre de otro y confesara haberlo hecho, pero se le absolviera arguyendo que esas no son pruebas suficientes. También se adujo que no existen registros contables que permitieran rastrear el dinero dentro de Morena. Parece una burla: precisamente por ser efectivo es que ese dinero no puede rastrearse.
Me pregunto si los que toman decisiones como las aquí referidas pueden, por decirlo con palabras de William Faulkner, vivir consigo mismos el día de mañana.