También contra la ciencia

El Conacyt ha anunciado que, salvo para proyectos específicos, dejará de transferir recursos económicos —para nóminas, viáticos, etcétera— al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. La doctora Julia Tagüeña, coordinadora del Foro, advirtió que éste desaparecería si se le priva de recursos, con lo cual se suprimiría la voz de la comunidad científica.

Previamente, una carta suscrita por investigadores y profesores de universidades, centros públicos de investigación, institutos nacionales de salud y de educación superior —que ha sido entregada al Presidente de la República, los legisladores, la Secretaría de Educación Pública y el Conacyt— señala que en el actual gobierno se ha visto en forma creciente la falta de confianza en la ciencia mexicana como factor de progreso para el desarrollo nacional y una reducción de los recursos públicos destinados a su apoyo y promoción.

Muchos investigadores votaron por Andrés Manuel López Obrador seguramente atraídos por la promesa de campaña de promover la ciencia y la educación. Los dejó estupefactos el memorándum en el que el Presidente ordenó una drástica reducción de los fondos para todos los centros de investigación apoyados por el Conacyt: entre 30 y 50 por ciento. El presupuesto del Conacyt se redujo en 12 por ciento.

El efecto de esta medida, advierte Antonio Lazcano, distinguido científico mexicano especializado en biología evolutiva, será devastador: “… la investigación básica y aplicada en todas las disciplinas, desde física, electrónica y energía hasta ecología, geología y enfermedades, se deteriorará rápidamente”. Los recortes afectarán asuntos tan importantes como la seguridad alimentaria, el monitoreo de la actividad sísmica, la vigilancia de epidemias y la investigación de la biodiversidad, entre otros (Science, 26 de julio de 2019).

Desde el gobierno se ha difundido una imagen de los investigadores y los docentes como élite privilegiada, partícipe y beneficiaria de excesos, corrupción y despilfarro de recursos públicos. De conformidad con esa visión distorsionada, los salarios de los investigadores se han reducido y su seguro médico ha sido cancelado. Los que no contaban con plaza definitiva han sido despedidos. A algunos centros de investigación no les alcanza para pagar el agua y la electricidad.

Los investigadores mexicanos, desde siempre, han trabajado con presupuestos restringidos, los cuales se asignan y se auditan por los órganos académicos y administrativos de sus instituciones y del Conacyt, y los productos de sus investigaciones son evaluados por instancias de estricto control académico tanto interno como externo. De estas evaluaciones dependen en buena medida sus ingresos, que en ningún caso son excesivos.

La carta asevera que los fuertes recortes presupuestales al sistema de ciencia, tecnología, salud y educación superior atentan contra el país, contra los objetivos proclamados por el gobierno de un desarrollo con igualdad, equidad, justicia y abatimiento de la corrupción. Los firmantes hacen 10 peticiones, todas ellas razonables.

Solicitan que gradualmente se alcance la inversión del uno por ciento del PIB en ciencia y tecnología, tal como se ordena en la ley, y que se fomente la inversión privada para que sea parte importante en los recursos invertidos en este rubro; que se hagan transparentes los criterios de asignación y flujo de esos recursos, incluyendo los que maneja el Conacyt; que se modifique el “discurso denostador” acerca de los científicos y académicos; que se reviertan los recortes y los despidos en los centros públicos de investigación y docencia.

Solicitan asimismo que se aseguren los recursos para el sector salud, incluyendo los de los institutos nacionales especializados, que permitan atender las apremiantes necesidades en la materia; que se respete la autonomía de las universidades públicas; que se asegure la correspondencia entre presupuesto y crecimiento de la matrícula en las instituciones públicas de investigación y educación superior; que no se afecten los derechos e ingresos de los académicos, y que se aumente el presupuesto de las universidades públicas a fin de que se remunere dignamente a los profesores de asignatura.

La carta cuenta hasta el momento con 13,000 adhesiones. Nadie podría negar honestamente la justa pertinencia del reclamo.