Soborno y extorsión

Quisiera creer que la mayoría de consejeros y magistrados electorales tomarán la decisión jurídicamente correcta y políticamente indispensable para que México siga siendo una democracia y no se vea sometido sin remedio a una secta de fanáticos lacayunos capaces de aprobar hasta las ocurrencias más absurdas si provienen de la Presidencia de la República, como la de usar la tómbola en el proceso de designación de juzgadores —¡increíble, pero deplorablemente cierto!—.

Por lo menos a los magistrados —a quienes corresponderá dictar la resolución definitiva, inatacable— se les está queriendo sobornar ampliando su mandato para obtener sus votos a favor de la sobrerrepresentación que pretenden Morena y sus aliados. A los ministros de la Suprema Corte, en cambio, se les extorsiona: de acuerdo con el dictamen de reforma judicial de esos partidos, para ser beneficiarios del haber de retiro tendrían que renunciar antes de la fecha de cierre de la convocatoria para la elección de juzgadores. Soborno y extorsión, métodos gangsteriles. No hay mejor manera de caracterizarlos.

Pero no toda persona es sobornable. El Presidente colocó como ministros de la Suprema Corte a Margarita Ríos Farjat y a Juan Luis González Alcántara, convencido de que, para mostrarle su gratitud, serían sus incondicionales en el alto tribunal, pero ambos entendieron que su lealtad es con la Constitución y en todos sus votos han demostrado su independencia, su honor, su dignidad. El Presidente los llamó traidores. Pero ningún juzgador debe intentar complacer a los poderosos. Su deber es aplicar imparcialmente la ley protegiendo los derechos humanos de la manera más amplia, como lo ordena el artículo 1 constitucional.

Como señala Pascal Beltrán del Río, los magistrados electorales ganarían “un lugar en la historia si actúan en defensa de la división de Poderes, impidiendo que una misma fuerza política pueda imponer al país la voluntad de un solo hombre. Veremos qué pesa más: su conciencia o el soborno” (El soborno, Excélsior, 20/VIII/24).

Además, los consejeros y los magistrados electorales que resuelvan respetando los derechos políticos —que son, cómo no, derechos humanos— de quienes no votamos por los partidos oficialistas disfrutarán el resto de sus vidas del orgullo de haberse comportado con integridad y autonomía, no cediendo al designio de los presidentes de hoy y de mañana que nos quieren arrebatar la democracia que con tanto esfuerzo y tantas luchas hemos venido construyendo. Y ese orgullo —lo sé muy bien— es un bien invaluable.

En ocasiones la vida nos coloca ante la oportunidad de hacer jugadas extraordinariamente valiosas. Es un privilegio que nos concede la fortuna. Para realizarlas hay que vencer la cobardía, y actuar con valor, amor propio y dignidad. El valor no claudica: se enfrenta, resiste. El amor propio, que nos impulsa a proceder de tal modo que nos sintamos contentos y satisfechos con nosotros mismos, marca la verdadera estatura del ser humano. Y la dignidad no transige con el deshonor. Los consejeros y los magistrados electorales se encuentran en una tesitura excepcional en la que tendrán que actuar con pusilanimidad servil o efectuando una jugada de extraordinario valor. No habrá aplazamiento ni dimisión de esa cita con el destino.

“Héroe —define Fernando Savater en La tarea del héroe, Destino— es quien logra ejemplificar con su acción la virtud como fuerza y excelencia”. Con su voto defendiendo la democracia, los consejeros y magistrados electorales habrían actuado heroicamente. Con fuerza: coraje para no doblegarse ante la dádiva ni ante la presión del poderoso. Con excelencia: calidad del análisis jurídico para hacer una interpretación de la Constitución abarcante, completa, sistemática y funcional, como lo plantean los exconsejeros y exmagistrados electorales en la carta que han dirigido al INE y al TEPJF.

Es una indecencia inaceptable que la fuerza política que obtuvo el 54% de la votación pretenda agandallarse el 73% de las curules y dejar a la oposición sólo el restante 27% —atraco que apoya el anteproyecto de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE—, que ni siquiera alcanzaría para presentar acciones de inconstitucionalidad. Los consejeros y los magistrados electorales no ignoran, no pueden ignorar esta obviedad.