1. Comparecencia. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acudió a la Fiscalía General de la República, en Culiacán, para responder por las acusaciones surgidas desde Estados Unidos sobre presuntos nexos con Los Chapitos. El morenista eligió el libreto institucional: confianza absoluta en el Estado de derecho, respeto irrestricto a las autoridades y disposición para acudir cada vez que lo llamen. Mientras su equipo habla de transparencia y lealtad política, la crisis de seguridad en Sinaloa sigue devorando credibilidad y mantiene en aprietos a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde. Rocha Moya resiste con serenidad pública. Afuera, las dudas siguen creciendo.
2. Ausente. El senador Enrique Inzunza pasó en unas semanas de operador indispensable a figura bajo sospecha. En la Junta de Coordinación Política que él preside, nadie confirma si el morenista acudirá al extraordinario de mañana jueves, mientras, las reformas serán procesadas por la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que encabeza Manuel Huerta, senador de Morena por Veracruz. Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, ya fijó la ruta de madrugada para sacar las votaciones. En el Senado niegan castigo político. Pocos lo creen. El viejo operador hoy mira el tablero desde la orilla del pleno. ¿Acudirá Inzunza? Se aceptan apuestas.
3. Confusiones. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, salió a corregir a Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, luego de que la árbitra electoral leyó como poder de veto lo que desde el Ejecutivo significa un simple filtro preventivo. La operación suena elegante, partidos preguntan, la UIF (Omar Reyes Colmenares) y la Fiscalía General de la República (Ernestina Godoy Ramos) responden, y el instituto devuelve el expediente sin mancharse las manos. Pero en política nadie carga carpetas ajenas gratis. Mientras Morena busca protegerse rumbo a 2027, en el INE ya detectan el riesgo de quedar atrapados entre expedientes opacos y candidaturas tóxicas. Apenas empieza. Y todo arde.
4. Huachigas. Mientras el gobierno celebra decomisos y cateos, el robo de gas LP encontró una ruta mucho más rentable. Puebla (Alejandro Armenta), Hidalgo (Julio Menchaca), Tlaxcala (Lorena Cuéllar) y Veracruz (Rocío Nahle) cargan con corredores donde el combustible ilegal ya alimenta negocios, hogares y flotillas completas. Las pérdidas asociadas a este mercado ilegal superan los 2 mil millones de pesos anuales y los robos rondan las 25 mil toneladas al mes. El problema es que el mercado negro avanza sin freno visible y a gran velocidad. Juan Carlos Carpio, nuevo director de Pemex, llega a una empresa con números rojos y ductos perforados. El crimen ya no sólo roba combustible; ahora compite con el Estado.
5. Retroactividad sorpresa. Un título de propiedad expedido en 1893 sobrevivió revoluciones, reformas agrarias y décadas de litigios sin que nadie cuestionara su origen. Hasta ahora. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia concedió un amparo a un poblado de Baja California Sur y, con proyecto del ministro presidente, Hugo Aguilar, ordenó revisar la legalidad de un documento que ninguna de las partes había impugnado. El problema no es sólo el terreno, sino el precedente, pues Aguilar decidió abrir un frente que nadie litigó. Si los límites del juicio ya no los fijan las partes, más vale desempolvar escrituras. Tambalea la certeza jurídica.