Soberanía

La invocación a la soberanía ha sido un recurso reiterado de las dictaduras y los gobernantes autoritarios para evitar que sus abusos y sus complicidades criminales sean objeto de supervisión o condena de gobiernos democráticos y organismos internacionales. Con base en ese constructo —¡nada que viole la sagrada soberanía!— pueden atropellar los derechos de los gobernados sin que nadie desde el exterior tenga por qué reprobar sus tropelías.

Ese subterfugio es burdo e indefendible, equivalente a la exigencia de un hombre que atormenta a su mujer y a sus hijos de que nadie intervenga para detener los tormentos porque se trata de un asunto doméstico. Pero el abuso familiar no es una práctica que tenga patente de impunidad por ocurrir en el domicilio de la familia.

Ante la condena de la comunidad internacional al fraude electoral y la represión brutal en Venezuela contra quienes protestaron por esa engañifa, Nicolás Maduro declaró en un mitin: “Estamos reunidos todos los sectores políticos, sociales y culturales para expresar y ratificar la indeclinable decisión de defender la soberanía de la República… el derecho del pueblo a vivir para siempre independiente y soberano”. ¡Agggh!

¿Quién o quiénes son los titulares de la soberanía de un país? ¿El gobierno o los ciudadanos? Porque Maduro pasó por encima de la soberanía ciudadana desconociendo el auténtico resultado de la última elección presidencial, que él se robó de la manera más descarada y burda. Entonces, ¿a qué soberanía se refiere ese tirano asesino?

Maduro gobierna de facto Venezuela, pero no es el presidente del país. El presidente legítimo es Edmundo González, indiscutible ganador de aquella elección. Su triunfo fue indudablemente acreditado con la exhibición que hizo la oposición de las actas del escrutinio. Maduro es un delincuente que usurpa la presidencia. La investigación de la Fiscalía chilena obtuvo indicios de que el secuestro y asesinato del exteniente del ejército venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en Chile, fue un asesinato por motivaciones políticas ordenado por el régimen de Maduro y ejecutado por miembros de la organización narcoterrorista Tren de Aragua.

También Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel, dictadores de Nicaragua y Cuba, respectivamente, invocan la soberanía, pero entendida como la supremacía de quien está en el poder, es decir, de ellos mismos, supremacía que les permite cometer todo tipo de desmanes, como el despojo de nacionalidad o las elevadas condenas en farsas de juicio a opositores y críticos.

Desde 1948, año en que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es indefendible la idea de soberanía como excusa de toda clase de abusos de poder sin que la comunidad internacional pueda entrometerse. El artículo 30 es rotundo: ningún Estado, grupo o persona tiene la facultad de “emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.

En nuestro país, el oficialismo aduce la soberanía para atacar a quienes considera adversarios. Las fustigaciones contra Lilly Téllez porque ha expresado que el gobierno debe permitir mayor colaboración de Estados Unidos contra la delincuencia, son patéticas. La postura de la senadora tiene la mira puesta en lograr el cumplimiento de un derecho humano indispensable: la seguridad pública. Eduardo Guerrero, experto en temas de criminalidad, ha propuesto un tratado de seguridad entre Canadá, México y Estados Unidos. Advierte —¿quién podría negarlo?— que no podemos solos: en México operan las organizaciones criminales más sofisticadas, grandes y rentables del mundo, con sus ejércitos privados de miles de sicarios, y el aparato policial y el sistema de justicia son débiles y proclives a la corrupción (Nexos, febrero de 2024).

El tratado —que incluiría la profesionalización de las fuerzas policiacas, militares y de investigación criminal de México, y la creación de grupos operativos de alto rendimiento y blancos precisos para erradicar núcleos de crimen organizado de gran escala— en modo alguno implicaría pérdida de soberanía nacional. En cambio, podría ser clave para conseguir una reducción significativa de la criminalidad más perniciosa y la impunidad, y la merma del poder soberano que ejercen los grupos criminales en numerosas comunidades del país.