¿De verdad hay alguien, en México y en cualquier otra parte del mundo, así sea uno entre los más fervorosos feligreses del partido en el poder y su Gran Timonel, que se crea el discurso de que, al defender a un gobernador acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa, se está actuando en defensa de la soberanía?
La soberanía es el poder o la autoridad que se tiene dentro de un Estado o una comunidad para autodeterminarse, gobernarse y tomar decisiones libremente, sin la dependencia de otros países o de otras entidades.
La petición de Estados Unidos de detener con fines de extradición a Rubén Rocha Moya no pone en riesgo la soberanía nacional en lo más mínimo, pues no supone en modo alguno que, de atenderse la solicitud, se le esté otorgando al gobierno de ese país la facultad de gobernarnos.
La petición del gobierno de Estados Unidos para detener provisionalmente al gobernador Rubén Rocha Moya con fines de extradición se sustenta en una acusación formal por cargos relacionados con el narcotráfico, radicada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
¿Pruebas? La elección en la que Rocha Moya resultó elegido como gobernador de Sinaloa fue un pandemónium en el que pistoleros secuestraron a líderes de la oposición, operadores políticos y representantes de partido en las casillas, robaron y rellenaron urnas, y amagaron, pistola en mano, a numerosos votantes para obligarlos a votar por Morena.
Esas acciones delictivas, es obvio, no se llevaron a cabo honoríficamente. A cambio de sus servicios, el Cártel de Sinaloa obtuvo el compromiso del entonces candidato, Rubén Rocha Moya, de acuerdo con la acusación, de entregar el control de la policía estatal a los líderes criminales y designar funcionarios que garantizaran impunidad al tráfico de drogas.
Ninguno de quienes sufrieron secuestro se animó a denunciar. Sus secuestradores los habían amenazado: pagarían con su vida la osadía de presentar una denuncia. Además, era seguro que la denuncia no prosperaría.
El candidato del partido en el poder, Rubén Rocha Moya, aplastó a sus adversarios con 56.6% de los votos. El candidato a la alcaldía de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, aventajó a su más cercano adversario por más de 10,000 votos. “Ese día —observa Héctor de Mauleón— el narco votó. El cártel se robó la elección” (El Universal, 16 de junio de 2021).
Ese día los ciudadanos no pudieron ejercer su soberanía. No fueron ellos los que decidieron quién los gobernaría. Lo decidió el narco haciendo todo lo que era necesario para asegurar que el resultado fuera favorable a su candidato. El narco votó. El narco decidió. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que ese día el crimen organizado se había portado bien. Y sí, se portó bien con su partido.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho una y otra y otra vez que no hay pruebas contra Rocha Moya y sus colaboradores, el Departamento de Justicia estadunidense exhibe en su expediente fotografías de narconóminas, evidencia documental, comunicaciones interceptadas, testimonios de informantes de la DEA y registros fotográficos de decomisos masivos (como el realizado en Phoenix, Arizona, en agosto de 2022).
Si la Fiscalía General de la República (FGR) hubiera cumplido su deber de investigar aquellos hechos, el caso se hubiera podido solventar en nuestro país sin que Estados Unidos iniciara el procedimiento de extradición. Pero la FGR, cuya autonomía es y ha sido una falacia, como se demuestra día a día, prefirió no percatarse de lo que todo el país sabía respecto de la elección en Sinaloa.
No, proteger a Rocha Moya y adláteres no es defender la soberanía del país, sino, por el contrario, poner en riesgo a nuestra nación, por más que la presidenta Claudia Sheinbaum se envuelva en el lábaro patrio al escudar al gobernador con licencia y sus colaboradores. Ese encubrimiento significa que, por encima de la lealtad al país, está la fidelidad a la secta y a su Gran Timonel.