El espectáculo de la justicia está cobrando un costo político más alto que cualquiera de sus sentencias: el acelerado deterioro de su credibilidad. En medio de la presión de Estados Unidos por su guerra contra los cárteles, las reformas improvisadas y el desfile de políticos por las fiscalías exhiben un sistema más dedicado a administrar tiempos y equilibrios de poder que a impartir justicia.
La estrategia para frenar extradiciones de políticos acusados de nexos con el narco del caso Rocha Moya o colocar bajo reflectores el expediente de Maru Campos para desviar la atención forma parte de los mecanismos con los que el sistema ha negociado históricamente la impunidad, usando la ley como moneda de cambio. La diferencia es que, hoy, la politización de la justicia —o la judicialización de la política— ya no garantiza estabilidad frente a la creciente injerencia estadunidense. Tampoco ofrece certidumbre en la negociación del T-MEC ni ante los inversionistas y termina por comprometer el desarrollo del país. Si la justicia convertida en espectáculo fue durante años pieza central para sostener la estabilidad política y la impunidad de la corrupción, hoy se ha transformado en una de las principales grietas de la soberanía nacional. La intervención estratégica de la justicia estadunidense, impulsada por los objetivos injerencistas de Trump, expone una crisis más profunda: un sistema político sostenido por acuerdos precarios entre la aplicación selectiva de la ley y reformas que simulan combatir la impunidad mediante nuevos candados constitucionales.
La paradoja es evidente. Mientras el país sigue sin corregir los defectos estructurales de la reforma judicial, el Congreso encontró espacio para impulsar medidas contra la injerencia extranjera en las elecciones y para filtrar candidaturas presuntamente ligadas al narcotráfico. El periodo extraordinario había sido convocado para otra cosa: aplazar hasta 2028 la siguiente etapa de la elección judicial y corregir las fallas del rediseño institucional heredado por López Obrador y consolidado por Sheinbaum. El argumento oficial apunta a blindar el país frente al intervencionismo. El problema es que el remedio empieza a parecerse al riesgo que dice combatir. La llamada Ley Monreal abre zonas grises donde conceptos como desinformación, hackeos o financiamiento extranjero podrían convertirse en herramientas para judicializar elecciones e, incluso, anular comicios bajo el argumento elástico de defender la soberanía.
Pero el problema de fondo es otro: difícilmente esas respuestas convencerán a Estados Unidos de la decisión del gobierno de Sheinbaum de desmontar los mecanismos de impunidad que permitieron a las redes criminales penetrar y disputar espacios al Estado. La impunidad sigue el mayor incentivo para la estabilidad del sistema. En ese contexto, relegar la corrección de fondo de la reforma judicial para priorizar la disputa política rumbo a 2027 envía una mala señal. La justicia deja de ser árbitro y se convierte en un terreno de confrontación: de un lado, la presión judicial estadunidense sobre Rocha Moya sin que, hasta ahora, le hayan fincado cargos en México; del otro, las señales hacia Maru Campos en medio de investigaciones sobre operaciones de agentes de la CIA en Chihuahua sin autorización del gobierno federal.
Por ello, los ajustes de la reforma a la reforma judicial son insuficientes para reconstruir la confianza en un verdadero Estado de derecho, incluso bajo un modelo distinto al viejo orden liberal. La ley sigue sin garantizar aplicación imparcial, igualdad ni certeza. ¿Qué cambios necesita la justicia para salir de la maraña de reformas que debilitan las instituciones y perpetúan la impunidad? Ninguna de las grandes transformaciones de las últimas tres décadas ha encontrado salida al laberinto. El debate ya no es reformar o conservar, sino si el país puede seguir cambiando reglas sin alterar los incentivos que producen impunidad. El riesgo no es sólo institucional. Cuando los tribunales resuelven lo que la política ya no puede procesar y la política intenta corregir mediante reformas lo que la justicia no logra legitimar, el resultado suele ser el mismo: menos certeza y más sospecha.
La pregunta ya no es quién tiene razón, sino quién gana con una justicia atrapada entre las prioridades estratégicas de Washington y la impunidad doméstica de una clase política en entredicho. Cuando la justicia entra al juego del poder, rara vez sale fortalecida. La justicia convertida en espectáculo ha terminado por ser disfuncional para la estabilidad política y la mayor debilidad frente al intervencionismo de Trump, que encuentra en una clase política bajo sospecha una justificación para sus presiones.