Durante años, el cuidado en México se ha visto como una responsabilidad de las familias, no como un derecho. Se ha asumido que alguien en casa debe hacerse cargo de las niñas, los niños, las personas adultas mayores o quienes viven con alguna discapacidad, sin preguntar si esa persona tiene tiempo, recursos, salud o apoyo para hacerlo. Sin embargo, cuidar y recibir cuidados dignos también debe ser parte de las garantías básicas de cualquier sociedad. Porque todas las personas, en algún momento de la vida, necesitamos que alguien nos cuide.
El problema es que, durante demasiado tiempo, cuidar se ha entendido como un asunto privado, casi invisible, que se resuelve puertas adentro y, la mayoría de las ocasiones, recae en las mujeres. Mientras tanto, niñas y niños crecen sin suficientes espacios seguros de atención, personas adultas mayores enfrentan soledad, abandono o dependencia sin apoyos adecuados y miles de personas deben decidir entre atender su vida o dedicarla al cuidado de alguien más.
Dicha realidad es todavía más evidente en urbes como la Ciudad de México, donde el ritmo urbano, las largas distancias, el costo de la vivienda, la precariedad laboral y la falta de redes comunitarias han hecho que envejecer sea, para muchas personas, una experiencia de aislamiento en la que vivir más años es enfrentar el abandono y la sensación de estorbar en una ciudad que corre muy rápido.
La infancia enfrenta otra cara del mismo problema. Cuando no hay espacios seguros donde puedan estar mientras sus madres, padres o familiares trabajan, muchas familias se ven obligadas a pedir favores, renunciar al trabajo o dejar a los menores en condiciones que no siempre son las mejores ni las más seguras. Y eso, al final, afecta su desarrollo y sus oportunidades desde muy pequeños. Por eso, hablar de cuidados no es hablar de asistencia, es hablar de justicia social.
Otros países de América Latina ya han entendido que el cuidado no puede depender únicamente del esfuerzo familiar. Uruguay, por ejemplo, creó desde 2015 un Sistema Nacional Integrado de Cuidados para la atención de personas en situación de dependencia bajo un modelo que involucra la participación de familias, gobierno, comunidad y sector privado. Costa Rica también ha avanzado con una política nacional y un sistema de cuidados y apoyos dirigido a personas adultas mayores en situación de dependencia. Y es que, cuando el cuidado se vuelve ley, deja de ser una carga silenciosa y empieza a convertirse en una obligación pública.
En ese contexto, la reciente aprobación en el Congreso de la Ciudad de México de la Ley del Sistema Público de Cuidados representa un paso de enorme relevancia, pues reconocer el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado será visto como una responsabilidad compartida entre el Gobierno de la ciudad, las alcaldías, las comunidades, el sector privado y la sociedad, lo que significa reconocer que nadie que cuide estará solo y que nadie quedará sin cuidado por falta de dinero, tiempo o redes familiares.
Debo recordar que, el Partido Verde ha sido impulsor de construir un sistema de cuidados con visión de futuro en la CDMX. Desde hace más de 10 años ha impulsado varias propuestas, incluyendo una iniciativa de Ley General de Cuidados para definir conceptos como cuidado, autocuidado y necesidad de ser cuidado; establecer autoridades y sectores involucrados, y plantear la creación de un Sistema Nacional de Cuidados integrado por instancias del gobierno federal, estatal y municipal, incluidas las alcaldías, así como la academia, sectores productivos y organizaciones no gubernamentales.
Por ello, celebramos el paso que ha dado la capital del país. Una ciudad que cuida es una ciudad que entiende que su futuro depende de cómo protege a quienes más lo necesitan.