El sigilo del ministro

Sin embargo, Zaldívar podría expresar con absoluta claridad, sin necesidad de emitir un juicio sobre ese transitorio, que él no aceptaría permanecer en el cargo porque fue elegido por sus pares por un periodo de cuatro años, no de seis. No estaría abordando el análisis del numeral transitorio en el que se le da el ponzoñoso regalo. Simplemente estaría diciéndole a la nación que no se cuente con él para esa jugada, sin pronunciarse aún sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del texto legislativo, lo que haría en el momento procesal oportuno.

El Presidente de la República se apresuró a otorgar su visto bueno al alargamiento de la gestión. Confía en Zaldívar y en nadie más —¡ni siquiera en los ministros propuestos por él mismo!— para llevar a buen puerto la Reforma Judicial. Ha dicho que es un hombre honesto, íntegro. ¿No tienen esas virtudes los demás ministros? Más allá de la honestidad y la integridad del presidente de la Corte, lo que no es plausible es su condescendencia con el titular del Ejecutivo.

Zaldívar declaró, al triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, que los juzgadores debían escuchar el mandato de las urnas. ¡No! El deber de jueces, magistrados y ministros es el de interpretar y aplicar la ley de manera razonable, con consistencia lógica y jurídica. Un juzgador no debe dejarse influir por el entorno pasional que puede rodear ciertos casos que le toca resolver, sino guiarse por los mandatos de la ley, sobre todo por los de la Constitución y los tratados que consagran derechos humanos.

La Corte ha metido a la congeladora alrededor de 20 asuntos concernientes a normas jurídicas promulgadas por este gobierno, sujetas a litigio constitucional. Se trata de leyes que afectan los derechos humanos, como las de extinción de dominio, las de seguridad pública, las de prisión preventiva oficiosa y las de austeridad republicana, entre otras (Los pendientes de la Suprema Corte, de María Amparo Casar y Saúl López Noriega, Cal y Arena).

Zaldívar impulsó la resolución de la Suprema Corte favorable a la propuesta del Presidente de la República de que se sometiera a consulta popular si se abrían procedimientos penales contra los expresidentes de la República, salvo Luis Echeverría. No se precisaba por qué delitos, imputables a qué exmandatarios, se iniciarían esos procedimientos.

El proyecto del ministro Luis María Aguilar juzgaba que la propuesta era un “concierto de inconstitucionalidades”. La justicia no se puede someter a votación, y el debido proceso excluye la posibilidad de que previamente a las acciones legales se lleve a cabo una consulta que estaría prejuzgando, por su naturaleza misma, sobre la culpabilidad de los indiciados. La ministra Norma Lucía Piña expresó que su deber como ministra no era ceder a presiones y el ministro Javier Laynez manifestó que la justicia no se consulta.

La propuesta era tan indefendible que la pregunta se cambió por un galimatías en el que, con una sintaxis deplorable, se plantea si se deben llevar a cabo las “acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminadas a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.