El proyecto
Sabedor de que la reforma parte de un insano afán de venganza del anterior presidente porque la Suprema Corte frustró varios de sus abusos, González Alcántara elaboró un proyecto conciliador, de autocontención le llama él mismo, en el que se admite el relevo de todos los ministros del alto tribunal y su sustitución por la vía de los votos en las urnas.
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara revela a un jurista de altos vuelos, destacado experto en teoría constitucional, convencido defensor de los derechos humanos y, también, a un hombre generoso y noble. Al oponerse al despido automático de todos los jueces y magistrados, y a que sus sucesores sean elegidos en las urnas, el ministro, además de defender la independencia judicial, está abogando: a) por que no se echen al cesto de basura los estudios, el ascenso esforzado y los años de experiencia de esos juzgadores, lo cual, humillándolos, violaría sus derechos y arruinaría su proyecto de vida, y b) por que los estudiantes que aspiran a la carrera judicial no sufran la frustración de que ésta habrá sido cancelada, de que para llegar a la judicatura el requisito no serán los méritos, sino la cercanía con el gobierno.
Por eso el martes pasado, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UNAM, cuando finalizó su explicación de que en la Constitución hay aspectos inamovibles —como los principios democráticos, la división de poderes y los derechos humanos—, el público, que abarrotaba el auditorio, estalló en un aplauso estentóreo e interminable. La mayoría de los asistentes eran alumnos de la carrera de Derecho. No todos los estudiantes de esa licenciatura están informados y conscientes del delicado momento que vive el país. Pero los que sí lo están saben lo que se está jugando, y con sus palmas le expresaban a González Alcántara su reconocimiento, su gratitud, su solidaridad. Todo eso lo conquistó el ministro desde antes de su proyecto, con su actuación autónoma y profesional en la Suprema Corte, actuación por la que, ¿cómo no recordarlo?, el entonces presidente lo injurió.
Escrito lo anterior, a lo que agrego ahora que le tengo a Juan Luis afecto, admiración y profundo respeto, digo ahora que, en mi opinión, el proyecto debió proponer no sólo la invalidez parcial, sino la inconstitucionalidad total de la demencial y autoritaria reforma judicial. Como lo he expresado en textos anteriores, la reforma viola la auténtica división de poderes, la independencia judicial, la inamovilidad y los derechos laborales de los juzgadores, el principio de no retroactividad de la ley y el derecho de todos nosotros a la impartición de una justicia independiente y de calidad. Se está atropellando a los juzgadores, se están aniquilando los sueños de los estudiantes que han aspirado a transitar la carrera judicial y se está violando nuestro derecho a una justicia impartida por juzgadores imparciales y con excelente formación.
Sabedor de que la reforma parte de un insano afán de venganza del anterior presidente porque la Suprema Corte frustró varios de sus abusos, González Alcántara elaboró un proyecto conciliador, de autocontención le llama él mismo, en el que se admite el relevo de todos los ministros del alto tribunal y su sustitución por la vía de los votos en las urnas. Eso supone terminar con la Corte como lo que ha sido en estos lustros gracias a ministros como el propio autor del proyecto: un auténtico tribunal constitucional que actúa mayoritariamente con plena autonomía e impecable profesionalismo. Los mexicanos que apostamos por el Estado de derecho y la causa de los derechos humanos nos hemos sentido orgullosos de esa Corte.
Prudente y juicioso, el ministro ponente tuvo el propósito, con la autocontención, de superar la crisis constitucional y el enfrentamiento de la Presidenta y sus serviles legisladores con el Poder Judicial. La reacción de Ricardo Monreal, impropia de un profesor de derecho —compadezco a sus alumnos—, desatada sin haber leído el proyecto, muestra que la mayoría legislativa, embriagada de poder, no está dispuesta a cambiar una sola coma —tal como se lo ordenaba el anterior presidente— a la contradictoria y demencial reforma.
Corresponde a la Suprema Corte decir la última palabra respecto de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de actos de autoridad y normas jurídicas. Con la supuesta elección de los nuevos ministros —en realidad serán seleccionados por el gobierno—, el alto tribunal abrirá de par en par las puertas a los Zaldívares, las Yasmines, las Loretas y las Lenias, ¡agggh! Por eso creo que la Corte no tiene que entregarse mansamente a la guillotina. Aun si su aniquilación resulta inevitable, es mejor morir peleando, aun contra toda esperanza, como King Kong en lo alto del Empire State.
