El delito de dedicarse a la ciencia

La persecución ha sido tan arbitraria que se ejerció
acción penal reiteradamente contra ellos sin siquiera haberles dado oportunidad de acceder al expediente. A diferencia del inquisitivo, en el sistema acusatorio los inculpados
deben saber desde el primer momento cuáles son las
imputaciones en su contra y las pruebas en que éstas se sustentan para que desde ese momento puedan defenderse. Sólo así se garantiza la igualdad procesal con el Ministerio Público.

Nunca antes se había desatado en nuestro país una persecución contra miembros de la comunidad científica como la que ahora estamos presenciando, con acusaciones tan disparatadas como las de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y delincuencia organizada. A los verdaderos delincuentes, abrazos; a científicos cuya tarea es de enorme valor para el país, represión punitiva.

De no creerse: la Fiscalía está empecinada en encarcelar a los científicos en una prisión de alta seguridad como si fueran delincuentes peligrosísimos, capos capaces de corromper a las autoridades penitenciarias, prácticamente de por vida —por eso la delirante acusación de delincuencia organizada—.

No importa que la autoridad judicial haya negado una y otra vez la orden de aprehensión solicitada argumentando sólidamente que no hay delito que perseguir. La Fiscalía persiste en el abuso, obstinándose en conseguir los mandamientos de captura.

Cientos de científicos y académicos han manifestado su rechazo a la persecución, entre ellos 31 premios nacionales —la misma cantidad que la de los científicos inculpados—, quienes advierten: “Los actuales ataques ocurren junto a la reducción de recursos para investigación, docencia y cultura, así como la suspensión de apoyos a becarios de posgrado en el extranjero e investigadores jóvenes”.

El Colegio de Bioética ha señalado que el gobierno se empeña en “intimidar, denostar y despreciar la actividad científica comprometida con los valores de verdad, evidencia empírica y objetividad”. 200 académicos del Colegio de México observan que el ámbito académico y científico de nuestro país lleva tiempo viviendo bajo una atmósfera enrarecida e incierta, y “con este agravio hemos alcanzado un nivel inaceptable e impensable para quienes suscribimos estas líneas”.

La acción penal es jurídicamente insostenible. Es descabellado considerar como operación con recursos de procedencia ilícita el manejo de recursos del Foro Científico y Tecnológico, ya que el dinero provenía del presupuesto del gobierno federal.

La Fiscalía sostiene que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) financió ilegalmente con más de 244 millones de pesos al foro. Pero la Suprema Corte de Justicia determinó que el financiamiento fue legal, pues tenía fundamento en el Estatuto Orgánico del Conacyt hasta diciembre de 2019, cuando se modificó el estatuto.

Año con año, de 2002 a diciembre de 2019, el Conacyt emitió constancia técnica y financiera favorable al uso de recursos otorgados al foro. Incluso, la administración actual expidió constancia aprobatoria de la utilización de recursos otorgados para 2018 y el primer semestre de 2019.

El Presidente de la República ha respaldado la actuación de la Fiscalía con expresiones en las que, lejos de argumentar, ha exhibido su fobia por quienes se dedican a la ciencia. Increíblemente, uno de los reproches que hizo a los inculpados es el de que se les pagaba su asistencia a congresos.

Ningún país civilizado puede permitir que se persiga a sus científicos con acusaciones que no resisten el menor análisis jurídico.