A 25 años de la Carta Democrática Iberoamericana, que establece el derecho a vivir en democracia y la obligación de los gobiernos a promoverla y defenderla, en México vivimos su destrucción, la cual tiene como punto decisivo la demolición de los poderes judiciales del país. Enardecido por resoluciones judiciales que invalidaron iniciativas y decretos suyos por inconstitucionales, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que todos los juzgadores fueran removidos y la carrera judicial se sustituyera por una elección en la participó uno de cada diez ciudadanos. Para el ámbito federal todos los candidatos fueron seleccionados por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo dominado por Morena. Los votos fueron inducidos por acordeones.
Ese fue el elemento determinante de la caída de la democracia, no el único. Se suprimieron siete órganos constitucionales autónomos que garantizaban que determinadas funciones del Estado no dependieran directamente del presidente en turno ni de las mayorías políticas del momento. Esos órganos actuaron como contrapesos al poder presidencial y cumplieron sus funciones con independencia, emitieron decisiones técnicas e imparciales en materias de competencia económica y telecomunicaciones, generaron información y evaluación confiable respecto de la realidad económica y social del país, y defendieron la transparencia y la rendición de cuentas. El Inai, por ejemplo, permitió que se conocieran importantes casos de corrupción como los de La Estafa Maestra y Segalmex.
Se capturó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que bajo la presidencia de Rosario Piedra no sólo ha callado ante abusos de poder, sino que ha justificado gravísimas violaciones a derechos humanos en materia de salud, educación, justicia penal, derechos de la infancia y de las mujeres, e incluso devastación de la democracia. Se le otorgó a la coalición oficialista una mayoría calificada en la Cámara de Diputados no conseguida en las urnas en virtud de decisiones del INE y el Tribunal Electoral Federal, que con tales resoluciones, un fraude a la Constitución, mostraron su servil inclinación por el oficialismo.
Otro de los golpes devastadores a la democracia es la serie interminable de ataques a la libertad de expresión. Ahora se comenta mucho la llamada ley meme, en virtud de la cual se sancionaría con prisión a quienes utilicen la imagen gráfica del gobierno para realizar parodias o memes (dictadores y fanáticos aborrecen el sentido del humor que exhibe sus tropelías, ineptitud y corrupción). Pero hay otras agresiones. Sergio Sarmiento enumeró varias en su artículo Creciente censura (Reforma, 25 de septiembre). Son tan desmedidas que hay que insistir en exponerlas. Por razones de espacio aludiré sólo a algunas.
Karla María Estrella, que no es servidora pública, fue condenada por violencia política de género por publicar un mensaje en el que señaló que seguramente el diputado Sergio Gutiérrez Luna había hecho un berrinche para que se postulara a su esposa Diana Karina Barreras como candidata a diputada. Karla María no puso en duda la capacidad de Diana Karina por ser mujer, sino sugirió que su cónyuge influyó en su postulación. La condena fue grotesca: Karla María tuvo que ofrecer disculpas durante 30 días a Dato Protegido.
Un caso kafkiano es el de la demanda de Pío López Obrador contra Carlos Loret de Mola y Latinus en la que exige el pago de 400 millones de pesos porque el periodista divulgó en ese portal un video en el que Pío recibe dinero en efectivo para Morena, conducta ilícita, pues las aportaciones en efectivo deben depositarse en cuentas bancarias de los partidos. El juez ante el que se presentó la demanda ni siquiera debió admitirla.
En Campeche se ejerce la censura previa prohibida por la Constitución: el diario digital Tribuna de Campeche es revisado previamente a su publicación para constatar que no contenga críticas a la gobernadora Layda Sansores.
No menos escandalosas son las represalias canallescas sufridas por María Amparo Casar por las revelaciones de casos de corrupción que ha hecho la organización que preside, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Entre otros atropellos, se le quitó la pensión de Pemex a la que tiene derecho —un juez ordenó que se le reintegrara— y se difundieron datos personales de ella y su familia.
En sólo ocho años se ha devastado la democracia que el perseverante esfuerzo de muchos demócratas había estado erigiendo durante décadas.