Desamparados

No le bastó al régimen de la 4T demoler los poderes judiciales del país y sustituir a jueces, magistrados y ministros por juzgadores sin carrera judicial y sin experiencia en la impartición de justicia mediante un sainete en el que la tómbola y los acordeones determinaron quiénes sucederían a los impartidores de justicia cesados contra la razón y contra el derecho.

No, la 4T no disimula su afán totalitario: también ha erosionado la eficacia del juicio de amparo, recurso de los gobernados para defenderse de los abusos de poder, y busca erosionarla aún más con la reciente iniciativa de la Presidenta de la República a la Ley de Amparo. La 4T tiene prisa en imponernos un sistema de gobierno en el que la división de Poderes no sea más que una entelequia y en el que los ciudadanos quedemos indefensos ante las tropelías de las autoridades.

El gobierno considera que no es suficiente contar con impartidores de justicia sumisos y vigilados por tribunales inquisitoriales facultados incluso para cesarlos y denunciarlos penalmente por el sentido de sus resoluciones —los tribunales de disciplina judicial—, sino que también deben recortarse aquellas facultades de los jueces de distrito y de los ciudadanos que han permitido que el amparo cumpla con el cometido de proteger derechos humanos contra actos abusivos del poder.

Se trata de una transgresión, entre otras, al principio de progresividad de los derechos humanos, en virtud del cual tales derechos deben ser cada vez más amplios. Lo que la Presidenta pretende —como su antecesor— es que a sus designios no se interpongan obstáculos, asegurarse de que el Poder Judicial no tenga siquiera la posibilidad de ser un verdadero contrapeso, que ya no actúe como un escudo contra las arbitrariedades de los otros dos poderes.

Ya ahora se prohíbe que los amparos y suspensiones tengan efectos generales y se blinda a las reformas constitucionales contra la revisión que examine si con ellas se violan derechos humanos. La reforma propuesta por la Presidenta es un nuevo ataque alevoso al juicio de amparo porque:

a) Se niega el interés legítimo para interponer el recurso a organizaciones civiles, grupos y ciudadanos que se opongan a actos que afecten derechos colectivos o difusos, como el medio ambiente o la educación.

b) Se prohíben de manera absoluta las suspensiones cuando las autoridades revoquen o dejen sin efectos permisos, autorizaciones o concesiones a particulares.

c) Se elimina la suspensión provisional contra bloqueos de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Los afectados que se amparen sólo podrían acceder a recursos para su subsistencia, para pago de salarios o para cumplir con obligaciones inmediatas de las empresas.

d) Se permite a la autoridad incumplir la resolución en que culmine el juicio de amparo argumentando que es imposible cumplirla.

e) Ya no se multaría a los servidores públicos que desacaten la sentencia, sino a la dependencia correspondiente.

f) Se elimina el deber de pagar a los ciudadanos por los perjuicios sufridos cuando las dependencias dictan resoluciones contrarias a la jurisprudencia de la Suprema Corte.

Se trata de un paso más en el proceso de imposición de un régimen en el que los gobernados carezcan de recursos efectivos para defenderse de los desmanes de las autoridades. Mermada la eficacia del recurso que ha permitido combatir los abusos de poder, los gobernados quedamos a merced de las iniquidades de los que nos gobiernan, legisladores incluidos. El amparo ha sido una suerte de escudo de Perseo, que paralizó a la gorgona al mostrarle su rostro contorsionado. Por eso un gobierno autoritario lo quiere volver anodino.

Si contáramos con la oposición deseable, esa oposición llamaría a todos los ciudadanos a manifestarse enérgicamente contra esos ataques al Estado de derecho y a la democracia. Y si tuviéramos verdadera ciudadanía, la protesta sería gigantesca: no se toleraría con los brazos cruzados que se estuviera menoscabando la efectividad del escudo contra los atropellos del poder.