Callejón sin salida

Al cumplirse 11 años de los terribles hechos de Iguala y Cocula, Guerrero, en los que 43 estudiantes normalistas fueron privados de la libertad y seguramente asesinados, el gobierno de la República sigue prometiendo que habrá resultados de la investigación y los representantes de los padres de las víctimas se quejan de que no ven que la indagatoria vaya por el rumbo correcto, pero sin aclarar cuál sería ese rumbo.

Lo cierto es que ni el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni el de Claudia Sheinbaum ni el fiscal general Alejandro Gertz Manero han buscado la verdad de los hechos. Su actitud ha respondido claramente al afán de desvirtuar la conocida como “verdad histórica”, es decir, la versión que ofreció el entonces procurador Jesús Murillo Karam, quien estuvo 20 meses en prisión preventiva y ahora se encuentra en prisión domiciliaria bajo acusaciones grotescas, pero en realidad como castigo por aquella versión.

El candidato López Obrador descalificó la llamada “verdad histórica” y prometió arribar como presidente a la verdad real, lo que claramente fue una jugada para lograr votos y contribuir a la deslegitimación del gobierno anterior. El presidente López Obrador formó una comisión para esclarecer los hechos, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, pero en los 1,649 días que duró la gestión de éste lo más destacado fueron las pruebas falsas, y no se logró echar abajo la conclusión de Murillo Karam.

El entonces procurador general de la República ofreció su versión de los hechos apenas tres meses después de la masacre, y con base en las pruebas que aportó se logró someter a proceso a más de 100 personas entre criminales del grupo Guerreros Unidos y policías municipales del estado de Guerrero. La libertad de muchos de ellos decidida por diversos jueces se basó en el supuesto de que se les arrancaron confesiones torturándolos, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuando aún era un organismo autónomo, aplicó el protocolo de Estambul a quienes se quejaron de haber sido torturados y solamente en nueve casos entre las decenas de quejas se acreditó tal tortura. Inexplicablemente —¿o muy explicablemente?— la Fiscalía General de la República (FGR) no evitó —lo que pudo hacer exhibiendo los protocolos— ni impugnó esas liberaciones.

Es de particular importancia la espeluznante declaración del sujeto conocido como El Pajarraco, declaración libre de toda sospecha de haber sido lograda por medio de coacción, pues fue emitida ante visitadores de la CNDH. En su relato, El Pajarraco coincide con la versión del exprocurador: los normalistas fueron detenidos por policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó, incineró los cuerpos en el basurero de Cocula y tiró las cenizas al río San Juan.

Aunque la versión de Murillo Karam es básicamente acertada, dejó algunos cabos sueltos. La investigación más completa y exhaustiva la realizó la oficina de la CNDH creada específicamente para el caso, encabezada por José Larrieta. Con base en ese espléndido trabajo, la CNDH de Luis Raúl González Pérez emitió una recomendación que, de haberse atendido, hubiera permitido que el asunto se concluyera exitosamente desde el inicio del gobierno de López Obrador.

Entre los puntos recomendados destaca el que solicita que 114 restos humanos encontrados en el basurero de Cocula y el río San Juan —que quedaron bajo el resguardo de la FGR— se envíen al laboratorio de la Universidad de Innsbruck para su examen genético, pues muy probablemente se trata de restos de normalistas asesinados que allí fueron calcinados, lo que reconfirmaría la veracidad de la narración rechazada por la 4T. Que esta recomendación haya sido desatendida muestra la obstinación de los gobiernos de la autodenominada 4T en no admitir la solidez de la investigación y las conclusiones de la anterior CNDH.

El gobierno, al entercarse en dar una versión distinta a la del exprocurador Murillo y a la de la CNDH autónoma, está en un callejón sin salida. En siete años no ha logrado desacreditar esa versión. Y no lo logrará. La verdad es la verdad, eso no tiene remedio. De hecho, está atendiendo, sin reconocerlo, varios de los puntos recomendados por el organismo defensor de los derechos humanos. Si todas las pruebas auténticas conducen a la verdad, ¿qué van a hacer la Fiscalía y el gobierno?