Hasta con el agua de lluvia quieren cargar

La iniciativa del Ejecutivo para promulgar la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales ha abierto un debate de grandes dimensiones, ya que busca recuperar la rectoría del Estado sobre uno de los recursos más escasos e importantes para la vida de las personas, los ecosistemas y toda actividad productiva: el agua.

Sin agua no hay nada, pero para que haya se requiere algo más allá de una legislación robusta, por más adecuaciones que tenga sobre las condiciones actuales y las previsiones futuras.

Esta iniciativa plantea puntos difíciles de cuestionar, por lo menos en el papel: garantizar un mínimo vital de agua para cada mexicano, terminar con la especulación, ordenar las concesiones —implica combatir la corrupción—, gestión frente a factores estructurales de escasez, contaminación, cambio climático y acabar con el mercado negro.

El objetivo es loable, contrarrestar los males que ha enfrentado el sector hídrico como es la privatización encubierta, el acaparamiento de las concesiones, la contaminación desenfrenada, la sobreexplotación de cuerpos de agua superficiales y acuíferos, así como la falta de visión sobre los impactos del cambio climático en el ciclo del agua y ecosistemas, lo cual ha puesto a México como uno de los países con mayor estrés hídrico en el mundo.

La columna vertebral de la iniciativa es garantizar el derecho humano al agua, que se considere una prioridad y no sea vista como una mercancía, es decir, no debe estar “sujeta a las reglas del mercado ni supeditada a la lógica de la oferta y la demanda por encima de las necesidades humanas y ambientales”.

Este planteamiento puede verse como un cambio profundo frente al patrón previo, en el que el agua se administraba como un bien concesionado bajo esquemas de uso productivo sin que hubiera un mandato explícito de protección de derechos humanos.

La reforma busca cumplir el mandato constitucional de 2012 que reconoció el derecho humano al agua en el artículo 4º, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho que garantiza que todas las personas, sin discriminación alguna, tengan acceso a agua suficiente, segura y asequible para satisfacer todas sus necesidades personales y domésticas.

¿Quién puede oponerse a que cada mexicano tenga acceso al agua como derecho fundamental, cuando sólo 58% de la población recibe agua diariamente en su hogar; mientras que en zonas rurales la cifra desciende a 39 por ciento?

El problema no está en la legitimidad de la iniciativa, sino en cómo materializarla.

La interrogante surge de cómo se van a financiar las necesidades, cuando el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha ido deslizándose. En 2025 fue de 37 mil millones de pesos, pero para el próximo año se proyectan 36 mil 689 millones de pesos.

La Red del Agua de la UNAM, a partir del análisis sobre los retos hídricos del país, recomienda un mínimo de inversión de 1.5% del PIB, siendo ideal dos por ciento.

En nuestro país, el sistema de agua potable depende en su mayoría de los municipios y muchos de éstos adolecen de infraestructura eficiente y de recursos, tanto económicos, técnicos y de personal para medir, distribuir y tratar el agua adecuadamente.

Garantizar un volumen diario sin fortalecer los organismos operadores de los municipios será más que complejo.

Invertir masivamente en infraestructura hidráulica, medición y saneamiento es prioritario.

Devolver al Estado la rectoría del agua pasa por acabar con el mercado negro, al prohibir la venta, cesión o herencia de concesiones, además de establecer que las licencias serán revisadas anualmente para evitar acaparamiento o subutilización.

Además, la iniciativa elimina el valor patrimonial del agua, es decir, si una tierra con pozo concesionado se vende, la licencia no se transfiere automáticamente, sino que la Conagua decidirá si el nuevo propietario la conserva.

Si bien esta medida busca justicia y transparencia, la manera en que se plantea podría generar incertidumbre jurídica y afectar la estabilidad productiva, sobre todo en el campo. Se corre el riesgo de desincentivar la inversión y agravar las tensiones sociales en zonas rurales, ya de por sí golpeadas por la inseguridad y la precariedad.

Un punto que llama la atención de la iniciativa es la captación de agua de lluvia.

La Ciudad de México y muchas otras metrópolis del país presentan un importante y preocupante estrés hídrico, a pesar de temporadas de lluvias torrenciales e inundaciones, y una solución para enfrentar las cada vez más recurrentes y largas sequías es la captación de agua pluvial, almacenamiento y aprovechamiento.

Cabe preguntar, ¿por qué si la lluvia es un fenómeno natural que cae, vamos a ponerlo de manera gratuita y libre, captarla requerirá autorización de la Conagua si no es para consumo doméstico? Esta medida refleja una visión estatista que desconfía de cualquier iniciativa ciudadana autónoma. ¿Cómo se fiscalizará, con presupuestos menguantes, a los tinacos y cisternas de millones de hogares y negocios?

Si lo fundamental es proteger la salud y bienestar de la población, garantizar su uso seguro y sostenible, por qué, si hoy por hoy está prohibido descargar desechos tóxicos en los cuerpos de agua, la iniciativa permitiría concesiones a la industria minera, que es altamente contaminante.

La reforma hídrica que México requiere debe equilibrar justicia social con viabilidad operativa, pero también debe estar alejada de visiones irreales o contradictorias.

Y lo más importante, que el Legislativo haga su trabajo de análisis y discusión, porque el agua es detonante de problemas sociales (ahí están los piperos de ayer). Aunque diputados siempre quedan a deber, porque carecen de profesionalización en los temas más importantes de la vida nacional.