Riesgos del galimatías electoral

Inmersos en un lío evidente sobre cómo van a concretar el capricho de cambiar las leyes para debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), los integrantes de Morena barajan muchos temas que se estrellan con la Constitución y su evidente carencia de prudencia hace prever, desde ahora, que el tema estará en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Después de anunciar que el funeral de la reforma electoral a nivel constitucional se posterga hasta el martes 6 de diciembre, el líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, adelantó una de las aristas del llamado plan B de la reforma electoral, que se centrará en cambios en leyes.

Uno de esos cambios, dijo, será fusionar las direcciones generales de Capacitación y de Organización del INE.

Dijo Mier que no se afectarán los procesos electorales. En las zonas urbanas, entre lo que ellos llaman aspiracionistas y fifís, la organización de las votaciones es relativamente sencilla.

En las zonas rurales e indígenas, donde, según los propios morenistas, se concentra el poder de su voto, sin duda, es necesaria una organización que cuesta mucho dinero. Llevar los paquetes electorales entre ríos, montañas, y veredas, ahora la mayoría acosadas por el crimen, es una tarea que garantiza el Ejército.

Y quizá los morenistas piensen que eso les facilita llenar al por mayor boletas electorales y sábanas de votación para garantizar el voto en favor de Morena, sin que exista nadie que lo supervise, justamente como hacía el PRI hace décadas. La diferencia es que hoy sólo 13% de los votantes están en zonas rurales y 87% en las urbanas, donde el PAN, el PRI, MC y el PRD tienen más electores.

Ignacio Mier explicó que sí es posible llevar muchas de las reformas que querían en la constitucional hacia la reforma secundaria.

“La única diferencia es que todo lo que está establecido en la Constitución para que sea modificado, reformado o derogado, se requiere de dos tercios. En las leyes secundarias, en el margen que establece el propio texto constitucional se elaboran las leyes secundarias que la reglamentan”, explicó.

Pero se equivoca. La sobrerregulación de la Constitución, otrora criticada por expertos, hoy es considerada por esos mismos expertos como el candado que evitará la destrucción del sistema electoral.

La Constitución fija los tipos de financiamiento de los partidos políticos; ordena que deberá ser mayoritariamente público, incluso desarrolla las fórmulas para su entrega; fija los tiempos para radio y televisión, con fórmulas y, tanto a nivel federal como estatal, suspende la propaganda oficial en tiempos electorales.

También ordena que el INE será una institución autónoma, es decir, su estructura interna la fija él mismo y, aunque hay referencias en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es el estatuto interno, que aprueba el Consejo General, el que decide su estructura final, porque es autónomo.

Además, la Constitución marca que el INE tendrá direcciones, áreas ejecutivas, técnicas y de vigilancia; ordena que sólo trabajen en él “personal calificado”, incluso hace referencia al Servicio Profesional Electoral. Deja claro que el INE será el único responsable del Padrón Electoral y la Lista Nacional de Electores; que al secretario técnico del Consejo General lo elegirá el propio Consejo.

Al fusionar direcciones, ¿van a despedir a personas formadas en el Servicio Profesional? ¿Cuánto dinero le va a costar al Estado indemnizarlos?

El margen de cambio es reducido, pero sabemos que Morena no se limita y, a pesar de la evidente inconstitucionalidad, emprende reformas que llegan a la Corte y, hasta el momento, 80% de las resoluciones han sido en su contra.

Además, recordemos que el último día para cambiar las reglas electorales es el 30 de mayo de 2023 y los tiempos para dar vida a una reforma que sólo responde a fobias de grupo ya están bastante cortos.