Repudio

El caso del plagio de la ministra Yasmín Esquivel fue hecho público por un destacado integrante de la comunidad académica de la UNAM, el doctor Guillermo Sheridan, quien descubrió que la tesis de la ministra de la Corte era prácticamente una copia de la tesis de un egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Édgar Ulises Báez.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, plagió la tesis que presentó en 1987 para obtener el grado de licenciatura en derecho en la otrora Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Aragón, hoy Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, anunció la UNAM y confirmó su rector Enrique Graue.

Así, Yasmín Esquivel Mossa se convierte en la primera servidora pública que ocupa un alto puesto en uno de los Poderes de la Unión en ser repudiada como egresada de la UNAM, que turnó el caso a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que tome las medidas pertinentes, dado que es la instancia del Estado mexicano que reconoce y valida a los profesionistas en el ejercicio de sus funciones.

El caso del plagio de la ministra Yasmín Esquivel fue hecho público por un destacado integrante de la comunidad académica de la UNAM, el doctor Guillermo Sheridan, quien descubrió que la tesis de la ministra de la Corte era prácticamente una copia de la tesis de un egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Édgar Ulises Báez, y el pasado miércoles 11 de enero, luego de semanas de investigación, la FES Aragón concluyó que sí fue plagio y la rectoría de la UNAM procedió a explicar que el expediente lo turnó a la SEP para que tome las decisiones pertinentes.

El artículo 67 de la Ley Reglamentaria del artículo quinto constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, establece que “la Dirección General de Profesiones, a solicitud y previa audiencia de parte interesada, en sus respectivos casos cancelará las inscripciones de títulos profesionales, instituciones educativas, colegios de profesionistas o demás actos que deban registrarse, por las causas siguientes:

“I. Error o falsedad en los documentos inscritos; II. Expedición del título sin los requisitos que establece la ley”, que son los aplicables al caso de Yasmín Esquivel y añade que “la cancelación del registro de un título o autorización para ejercer una profesión, producirá efectos de revocación de la cédula o de la autorización”.

Hay un clamor social para que se retire el título a Yasmín Esquivel, porque lo obtuvo con un acto de corrupción. La UNAM dice que no puede hacerlo, porque en su legislación no existe una sanción hacia un egresado que no forma parte de su comunidad.

A mí me gustaría que la UNAM encontrara un camino para que al repudio público a la trampa de Esquivel le siguiera la anulación de su título, pero el abogado general dice que no procede. El caso, sin embargo, exige que la UNAM modifique sus reglas internas para que sí pueda proceder a la anulación de un título obtenido por corrupción, sin importar los años que transcurran entre el hecho y el momento en que se descubre.

También hay una exigencia para que la SCJN asuma una posición, repudie, incluso “expulse” de su pleno a Yasmín Esquivel, porque además de plagiar su tesis, le mintió a la sociedad y a los ministros al asegurar que ella era la autora original y llegar al grado de falsificar declaraciones ministeriales para sustentar su posición. Es decir, incurrió en actos reprobables para un impartidor de justicia.

Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial no prevé este escenario. No hay una base legal para que la Corte expulse a Yasmín Esquivel, porque los ministros de la Corte sólo pueden ser destituidos si cobran en otros lugares, amén de la Corte, es decir, explícitamente no hay forma de que los propios ministros la saquen, pero el 110 constitucional dice que sí es sujeta a juicio político y ése es el camino que se puede seguir a una persona que incurrió en trampas para lograr un grado académico.

El caso de Yasmín Esquivel agarró mal parado al orden jurídico nacional y a la legislación unamita, pero no al repudio social, que por fortuna está muy vivo.

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