Poderío presidencial: 100% de reformas y leyes son suyas

Reducido a un legitimador de las decisiones del Ejecutivo federal, de facto, el Congreso de la Unión anuló en este periodo ordinario de sesiones su atribución de modificar el orden jurídico nacional, pues 100% de las 19 reformas constitucionales y 96% de los 25 cambios legales, que hoy son una realidad, fueron propuestos por la Presidencia de la República, mientras que los 128 senadores y los 500 diputados federales sólo lograron la aprobación de ocho efemérides.

El 30 de abril concluye el primer año de trabajo de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión que revivió el avasallamiento del Ejecutivo federal sobre el trabajo de los legisladores federales y que fue característica del México del siglo pasado, cuando el PRI ostentaba las mayorías calificadas en ambas cámaras, donde la oposición fue testimonial.

Desde la Legislatura XXXIV, que trabajó de 1930 a 1932, la hegemonía de un solo partido político fue innegable en el Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados, los 153 legisladores eran del Partido Nacional Revolucionario (PNR), que hoy es el PRI; y lo mismo pasaba con el Senado, pues había 58 legisladores y todos eran del PNR, que después se llamó Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y al final PRI.

El escenario se modificó tímidamente hasta 1946, cuando entró el primer diputado federal del PAN, en la XL Legislatura, pero el dominio real del partido se rompió hasta 1997, cuando el PRI perdió la mayoría absoluta; es decir, su poder avasallador en el Legislativo federal tuvo una vida de 67 años en la Cámara de Diputados y de 70 años en el Senado, pues en el 2000 el PRI perdió ahí la mayoría absoluta.

Durante esas siete décadas, el PRI construyó la fama de ser una aplanadora legislativa, cuyos senadores y diputados sólo se dedicaban a levantar la mano para votar lo que les mandara el Ejecutivo federal, sin hacerle cambio alguno.

Por eso el PRI creó una oposición controlada, con partidos como el PPS y el PARM, que lo legitimaban como una fuerza política que convivía con oposiciones menores en número, pero que, a final de cuentas, representaban a mexicanos que no eran priistas. Entonces la única oposición real era el PAN y, a partir de 1977, con la reforma electoral que permitió en 1979 el ingreso de los plurinominales, partidos como el Socialista o el Demócrata comenzaron a ocupar curules en la Cámara de Diputados.

Y cuando no fue suficiente la oposición controlada de los partidos llamados rémoras o satélites, el PRI creó oposiciones internas que marcaban líneas de supuesto rompimiento, pero siempre con el aval presidencial y del partido, que entonces eran uno solo. Por eso era común ver en el Senado o en la Cámara de Diputados a legisladores que disentían de la línea pública de su partido, pero que al final se disciplinaban y avalan las decisiones legislativas mayoritarias o, si así se los pedían, votaban en contra para que legitimaran políticamente la nula división de Poderes.

El Congreso de la Unión vivió durante 12 años una verdadera división de Poderes y las oposiciones obligaban, incluso arrinconaban al oficialismo en turno para que las reformas y nuevas leyes tuvieran un sello de pluralidad. Incluso el Pacto por México generó piezas legislativas cargadas de pluralidad política, porque justo esa fue su misión: construir acuerdos entre diferentes para crear un orden jurídico nacional que se cimentara en la visión de todas las posiciones partidistas.

Pero desde 2024, Morena tiene la mayoría calificada en ambas Cámaras y hoy vemos que las 19 reformas constitucionales y 24 de las 25 nuevas leyes y reformas legales que hoy son una realidad en la cotidianidad del país fueron propuestas por el oficialismo: 23 por el Ejecutivo federal y una por el partido Morena.

Los legisladores en el Senado presentaron 800 iniciativas y en Cámara de Diputados otras mil 200, pero ninguna de ellas se volvió realidad; sólo se aprobaron las iniciativas presidenciales.