Mil veces no al agandalle legislativo

Tiene mucha razón el senador Ricardo Monreal cuando recuerda los años en que la mayoría priista aplicaba el fast track para aprobar leyes.

Recuerdo que hace años, en la LVIII Legislatura, me tocó presenciar un ir y venir constante de la minuta de la Ley de Ingresos de la Federación entre la Cámara de Diputados y el Senado, porque estaban a minutos de que les cerrara el plazo constitucional y el fast track fue la tónica en ambos plenos legislativos.

También tienen razón los morenistas cuando reprochan por qué antes, cuando la aplanadora del PRI existía, no había interferencia del Poder Judicial en los asuntos internos del Congreso de la Unión.

Recuerdo que en 2006, Dante Delgado, entonces coordinador de los senadores de Convergencia, presentó un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echara abajo el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado en torno a la distribución de comisiones. En ese entonces, el Tribunal lo consideró infundado.

Pero en lo que no tienen razón los morenistas es en pretender que el México de antes debe mantenerse en el México de hoy. No. No sólo porque la sociedad actual es diferente en cultura democrática, sino porque, además, las minorías cuentan hoy con recursos de ley que les permiten defenderse de las mayorías, porque aun cuando sean mayorías, no necesariamente les asiste la razón.

Me consta, y lo pueden verificar en las páginas de Excélsior, que entre los años 2009 y 2011, los senadores integrantes de la LX y LXI Legislaturas emprendieron un trabajo de diálogo y acuerdos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Diputados y diversos especialistas para crear una reforma en materia de derechos humanos que resultó tan bien hecha que hasta reconocimientos internacionales tuvo.

También me consta que derivado de ese cambio en la perspectiva de los derechos de las minorías, el priista Jesús Murillo y el entonces perredista Tomás Torres presentaron por separado sus propuestas de una nueva Ley de Amparo, luego de un año de diálogo con juzgadores, ministerios públicos, juristas y diversos académicos y especialistas; jornadas de construcción de acuerdos en las que también estuvo siempre presente el panista Alejandro González Alcocer.

Esa Ley de Amparo que hoy nos protege tiene dos conceptos revolucionarios: el interés legítimo y la teoría del buen derecho.

Y eso se sumó a los nuevos criterios de protección de minorías contenidos en la Constitución, que facultan a la Corte para atender los reclamos de los legisladores que antes tenían que aguantarse que las aplanadoras les pasaran por encima; si juntan 33% del pleno pueden solicitar el análisis constitucional de una ley que fue aprobada sin el consenso de todos, sólo con la decisión del grupo dominante.

Todo ese entramado jurídico existe en México, porque en medio de la mala fama del Poder Legislativo, ganada a pulso durante décadas, hubo legisladores que decidieron entender su época y crearon nuevas formas de entender el ejercicio del poder y fomentar el equilibrio de Poderes, porque ya estaba desgastado el presidencialismo metaconstitucional que describió magistralmente el doctor Jorge Carpizo.

Cambios que se ajustaron a un México que acotó a la impunidad de las aplanadoras. Y así debe continuar. Mil veces no al agandalle legislativo, porque un demócrata de verdad jamás defenderá que se pretenda aprobar un dictamen diferente al que se aprobó en comisiones, o que se restablezcan facultades presidenciales a costa de la Constitución y los órganos autónomos, o que se pretenda inventar votos por teléfono y voltear para otro lado con tal de imponer un criterio equivocado que cercena derechos a los ciudadanos.