Los jueces y el Senado

En los últimos dos meses juzgadores han emitido resoluciones para que el Senado concluya las legislaciones referentes a la homologación de los procesos de los juzgados civiles en todo el país; la restitución de los apoyos a la industria cinematografía y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas

Instalados en la tradicional idea que absolutamente nadie les puede hacer nada, porque ellos son quienes hacen las reglas, los senadores de Morena convirtieron a las LXIV y LXV Legislaturas en las únicas en la historia que tienen ocho requerimientos judiciales y uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se ponga a trabajar y concrete los nombramientos que la Constitución le ordena.

“Nadie está obligado a lo imposible”, dice una y otra vez Ricardo Monreal Ávila, líder de los senadores de Morena, cuando se le pregunta por qué no cumplen con su obligación constitucional. Explica que nadie puede obligar a los senadores a ponerse de acuerdo; nadie puede ordenarles por quién votar.

Y lo mismo ocurre con Ana Lilia Rivera, morenista presidenta del Senado, quien plantea que los senadores no están obligados a hacer un nombramiento que carece de los consensos para alcanzar la mayoría calificada.

Pero lo cierto es que desde el 12 de abril de 2023, durante una reunión ríspida que sostuvo con los senadores de Morena, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, les expresó que era necesario hacer “un impasse” en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y después se conoció un audio en el que les dice que, para el Presidente de la República, “el mundo ideal” es la inoperancia del Inai.

Sólo unos días antes, el Presidente de la República se había convertido en el primero en vetar los nombramientos de dos comisionados de este instituto y desde entonces, el Senado acumula cuatro órdenes judiciales, emanadas de juicios de amparo, en los que la juez Celina Quintero Rico les ha ordenado nombrar a los comisionados que faltan en el pleno del Inai, que, en realidad, son tres, pero uno de ellos está en litigio, porque la vetada presidencia emprendió ese camino judicial.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya emitió tres resoluciones en las que ordena al pleno del Senado que debe nombrar a los comisionados del Inai, porque la Constitución es muy clara al ordenar que los nombre; en ningún momento dice que debe intentar nombrarlos.

Pero la omisión del Senado no sólo tiene que ver con el Inai, hay cerca de 200 nombramientos pendientes, que afecta a instituciones como los tribunales electorales estatales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las declaraciones de los morenistas en torno a que nadie los puede obligar a votar por una u otra persona, no necesariamente alcanza a cubrir las otras omisiones que tiene el Senado y que le ha merecido otros requerimientos judiciales.

  • En los últimos dos meses, los juzgadores han emitido resoluciones para que el Senado concluya las legislaciones referentes a la homologación de los procesos de los juzgados civiles en todo el país; la restitución de los apoyos a la industria cinematográfica y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

La CNDH, que está encabezada por una militante de Morena, también tuvo que emitir una petición expresa para que el Senado legisle ya sobre los transfeminicidios.

¿Por qué hoy vemos estos requerimientos judiciales, si es histórico que, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, han sido omisos en muchos temas?

Hay una respuesta esclarecedora. Hoy, a diferencia de lo que ocurría hace años, México es parte de acuerdos internacionales que lo obligan a emitir legislaciones en favor de grupos vulnerables. Hoy, a diferencia de antes, México tiene reglas de protección de minorías en la Carta Magna que no existían antes y cuenta con una ley de amparo que se ajusta a las nuevas reglas de una justicia de protección a los ciudadanos en sus derechos frente al poder. Y los senadores son parte de ese poder.

¿Será que es tiempo de que obliguen a los servidores públicos a cumplir con su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen”.

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