La casa del juez

En un país como México, los hombres son “meros accidentes sin importancia real, al lado de la serenidad perpetua y augusta de las instituciones y sus leyes", decía Plutarco Elías Calles y a pesar que sus palabras tienen casi un siglo, me resultan fundamentales para explicar por qué todos deberíamos poner atención al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Después de décadas de lucha por lograr que el viejo régimen priista entendiera que los procesos electorales no podían estar en manos del Poder Ejecutivo y debían ser tarea de instituciones autónomas ciudadanizadas, como es el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) y con un control jurisdiccional de especialistas que actuaran con autonomía plena, hace 25 años nació oficialmente el TEPJF y a lo largo de ese cuarto de siglo ha tenido magistrados que marcaron hito en la historia democrática del país.

 Aún recuerdo el estallido político que sacudió a México en diciembre del año 2000 cuando la Sala Superior anuló las elecciones a gobernador en el estado de Tabasco, basada en un concepto innovador: “causal de nulidad abstracta".

Por supuesto que las decisiones de los magistrados generan polémica.

En 2006 fue objeto de descalificaciones constantes por parte de los perredistas que estaban convencidos de haber ganado la Presidencia de la República. Al mismo tiempo fue objeto de halagos y reconocimientos por parte de los panistas que ganaron las elecciones presidenciales.

Esa institución es sumamente importante para un país que se apasiona en sus procesos electorales desde que dejó de ser monopolítico y se permitió la expresión de su pluralidad partidista e ideológica. Es una institución que, como todo ente vivo, está en constante construcción y ha demostrado estar a la altura del reto.

Y como es una institución, cuyos integrantes son elegidos por el Senado de la República, tiene una relación metaconstitucional con los líderes en torno de esa Cámara.

Hace una década se acusaba que los magistrados eran influenciados por el entonces senador priista Manlio Fabio Beltrones y ahora son señalados de estar influenciados por el morenista Ricardo Monreal Ávila. En ambos casos, los dos políticos y los magistrados en turno lo han negado.

El 20 de octubre de 2016, la LXIII Legislatura del Senado eligió a los siete integrantes de la actual Sala Superior del TEPJF, Emilio Gamboa, entonces líder de los senadores del PRI; Luis Miguel Barbosa, coordinador de los perredistas, y Fernando Herrera, coordinador de los panistas, aseguraron que los siete eran “de un muy alto perfil profesional y principios éticos”.

Pero el actual pleno del Tribunal ha tomado decisiones controversiales. Permitió que un gobernador en funciones, una exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un líder sindical que no acreditó la residencia en México se convirtieran en senadores, a pesar que la Constitución lo prohíbe.

 Recientemente permitió que un jefe del Ejecutivo opine en temas electorales, a pesar de la prohibición constitucional.

Pero, además, como nunca antes, sus integrantes están inmersos en un conflicto por el manejo administrativo, al grado que todo el país sabe que, incluso, no se permitió la revisión del Consejo de la Judicatura Federal y después de días de polémica pública, por fin cinco de los siete integrantes decidieron deslindarse.

Hoy, la casa del juez electoral se mueve en la división y eso quedó evidenciado la noche del martes, con las cartas que enviaron al Consejo de la Judicatura para expresar que la posición del presidente José Luis Vargas no tiene el liderazgo interno. Felipe Fuentes y Felipe de la Mata se coordinan; Janine Otálora, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez lo hacen por su lado y Mónica Aralí Soto prefiere no involucrarse.

Ojalá no sea tarde para que los magistrados dimensionen que deben preservar una institución fundamental para México, porque ellos se irán y deben dejarnos a todos una institución sólida, con la credibilidad que requiere y no una institución quebrada en sus cimientos.