Juramento inútil

El artículo 128 de la Constitución mexicana ordena que todo funcionario público, sin excepción alguna, debe comprometerse a respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

La propia Constitución y las leyes generales, federales y estatales, precisan que, si no respetan y hacen respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan “la nación", se los demandará.

¿Y cómo demanda la nación? ¿Quién es la nación? ¿Cualquier ciudadano puede asumirse como nación y demandar? ¿Ante quién? ¿Cuándo? ¿Cómo?

A lo largo de sus dos siglos de existencia como nación independiente y el siglo desde su última revuelta armada, llamada Revolución Mexicana, el país construyó un orden jurídico nacional para dar respuesta a esas interrogantes y, a veces de manera natural y otras ocasiones forzado por las circunstancias, se pasó de una definición en papel de la división de Poderes, a una génesis de ejercicio pleno de esa división de Poderes en la realidad.

Así, el país creó y fortaleció a lo largo de su historia instituciones que representan a la nación cuando se siente agraviada, porque se mancilla su Constitución y las leyes que de ella emanan.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales especializados en materia administrativa, agraria y laboral, amén de la Fiscalía General de la República y las propias Cámaras del Congreso de la Unión y de las entidades federativas.

¿Pero qué pasa cuando se mancilla la Constitución y los juzgadores, legisladores y fiscales lo permiten?

Se genera la anarquía de una nación donde no se respeta el Estado de derecho, sino el derecho del poder cuantitativamente mayor sobre el resto.

Nuestro primer mandatario anunció que enviará una reforma de ley que a todas luces es inconstitucional, porque pasa la seguridad pública que realiza la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Explicó que será la Corte la que decida si es constitucional o no, pero las recientes decisiones de la Corte provocan temores fundados de que negará la inconstitucionalidad; luego entonces, no hay un respeto de origen al juramento de velar por la Constitución.

Legisladores han decidido que no acatarán las órdenes judiciales y que les tiene sin cuidado si el Poder Judicial los reconviene. Es más, han decidido ignorar fallos, seguros de la protección del fuero y del control en la creación y reforma de leyes. Por eso, por primera vez en la historia de este país, un grupo de diputados federales, de Morena, PT y PVEM, están en desacato judicial; luego, entonces, incumplen el juramento que hicieron de respetar y hacer respetar la Constitución.

Magistrados electorales decidieron que no importa que se viole la Constitución cuando un senador renuncia a ser senador para ser gobernador, pero cuando dejó de ser gobernador regresó como senador, a pesar que la Constitución lo prohíbe, porque para los magistrados lo importante no es la violación de la Constitución, sino quien se atrevió a denunciarlo; luego entonces, no hay respeto al juramento y queda claro que no todos pueden ser la nación que demanda la violación a la Constitución.

La presidenta del Senado decidió desacatar una orden judicial para llamar al suplente del senador-gobernador-senador; luego entonces, el juramento de origen de respetar y hacer respetar la Constitución no se cumplió.

Los servidores públicos que quieren ser candidatos no respetan la Constitución. Los diputados oficialistas no respetan el reglamento de la Cámara de Diputados y se erigen en aplanadora numérica para destituir ilegalmente a un diputado opositor.

La gobernadora de Campeche desacata una orden judicial y decide mantener su campaña contra un diputado federal.

Luego entonces, a la nación ofendida ¿qué le queda?

¿Atestiguamos la muerte de un juramento hoy inútil?