Inédito

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión histórica, al considerar que sí puede atender las impugnaciones que se hagan a una reforma constitucional, porque si bien un cambio de ese tipo lleva la carga de un consenso de la mayoría calificada del Congreso de la Unión y de la mayoría de los Congresos estatales, no implica que esté protegida de ser un error que tendrá graves implicaciones para todo el país.

La decisión es inédita. Hemos visto a lo largo de la historia de nuestro joven país que los poderes Ejecutivo y Legislativo se han confrontado, al grado de que en 1857 fue desaparecido el Senado; en 1913, Victoriano Huerta mandó a cerrar la Cámara de Diputados y el Senado, incluso a matar a Belisario Domínguez; en 1924, Álvaro Obregón mandó a secuestrar senadores y a matar a Francisco Field Jurado, porque no querían aprobarle el tratado de Bucareli, para que Estados Unidos lo reconociera como Presidente de México.

Luego vino la historia de desencuentros entre Ejecutivo y Legislativo y no incluyó amenazas de muerte, asesinatos, secuestros o cierres de las Cámaras del Congreso de la Unión, pero sí momentos de tensión, porque las oposiciones se negaron a aprobar reformas de los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.

La idea del Pacto por México que aplicó el priista Enrique Peña Nieto evitó esos desencuentros; sin embargo, no canceló las diferencias, porque, al final, una minoría legislativa logró que la Corte echara abajo la Ley de Seguridad Interior.

La carencia de una mayoría calificada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la decisión de las minorías legislativas para hacer uso de la acción de inconstitucionalidad para invalidar reformas que habían ignorado cualquier alerta de error provocó una molestia tan grande en el Ejecutivo federal que está en ciernes una reforma para desaparecer a las minorías del Congreso de la Unión.

Pero la molestia del Ejecutivo alcanzó esta vez al Poder Judicial, a quien el expresidente López Obrador decidió modificar totalmente para correr a los actuales ministros de la Corte que aplicaron el criterio constitucional para anularle reformas, así como a jueces y magistrados que concedieron amparos a ciudadanos para frenarle también reformas y decisiones administrativas.

Y justamente esa decisión es lo que nos tiene ahora, como país, en un escenario en el que el pleno de la Corte decidió que sí puede admitir a análisis las peticiones de diversos juzgadores para que evalúe la constitucionalidad y la reforma constitucional del Poder Judicial.

Este hito marcado por la Corte, con los votos de dos ministras: Norma Piña y Margarita Ríos Farjat y seis ministros: Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo, nos coloca en un capítulo inédito de disputa de un Poder Ejecutivo que domina al Poder Legislativo contra el Judicial.

Sin consultarlo con el pleno, sólo unos momentos después de la decisión de la Corte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó a la Corte de “facciosa” y advirtió que le guste o no a los ministros de la Corte, el Senado emitirá la Convocatoria al proceso de elección de ministros, magistrados de Circuito y jueces de Distrito para el primer domingo de junio del próximo año.

Pero no sólo eso. También anunció que el Senado no acatará ninguna de las órdenes de suspensión provisional en la emisión de la convocatoria, que han emitido diversos jueces, porque los legisladores tienen fuero y tienen la mayoría calificada que impedirá castigo alguno, pese a ser un desacato abierto a una resolución judicial.

Sin duda vivimos un momento inédito en el país, con un Estado de derecho que los integrantes del poder no quieren respetar, que puede derivar en un encontronazo institucional y puede sacudir a una nación que ya tiene un día a día complicado con el acoso del crimen organizado en lugares como Sinaloa, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Guerrero y Michoacán.