Escuchar e imponer

El Congreso de la Unión se alista a aprobar un numeroso paquete de reformas legales y constitucionales en el actual periodo de receso, con al menos dos periodos extraordinarios para cumplir, por un lado, con los tiempos marcados por las reformas constitucionales que echaron abajo los 31 años del llamado diseño constitucional de pesos y contrapesos, y, por el otro, para emprender más cambios a la Carta Magna para consolidar la nueva visión de país.

En medio de la cerrazón de la mayoría legislativa, desde Palacio Nacional se abrió una ruta que muestra un cambio en la forma de trabajo del oficialismo, pues ahora, de ese paquete de al menos 22 reformas, en algunos casos hubo disposición a escuchar a las voces que durante más de tres años fueron ignoradas: expertos y partidos de oposición que han alertado de excesos y errores en las piezas legislativas impuestas por la aplanadora de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el PVEM.

La nueva ley que atenderá los casos de desaparición forzada de personas; la que guiará la política de telecomunicaciones y radiodifusión; la relacionada con la competencia económica y las dos leyes en materia de seguridad pública, que despertaron tantas preocupaciones, porque expertos y legisladores alertan de excesos en el uso discrecional de datos personales de toda la población, surgirán a la luz como producto del diálogo con quienes están interesados en que sus voces se vean reflejadas en ellas.

Ya el Senado organizó un conversatorio de cinco sesiones para escuchar a los expertos, activistas y especialistas que hicieron al menos 500 propuestas de cambio, concentradas en 83 artículos de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y existe el compromiso público de los presidentes de las comisiones responsables de que esas propuestas serán tomadas en cuenta para mejorar el dictamen que fue devuelto precisamente a las comisiones para hacerle ajustes.

La ley de competencia económica nació con un mayor consenso; sin embargo, hay algunos aspectos que son analizados en apego a lo que establece el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que ordena a las tres naciones contar con un organismo autónomo para vigilar y fomentar la competencia.

Durante tres semanas la Secretaría de Gobernación organizó encuentros con diferentes colectivos de madres buscadoras para escucharlas e incluir sus visiones en la nueva ley, a fin de que se convierta en un verdadero instrumento de ayuda a la localización de las personas y termine de tajo con el burocratismo que se enfrente desde las fiscalías estatales, que tardar días completos en empezar a atender las denuncias de desapariciones.

Hace unos días, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció desde la Cámara de Diputados que se establecerán mesas de diálogo para que las dos leyes que han despertado tanta inquietud entre diferentes sectores de la sociedad nazcan con el mayor consenso posible.

Esas son buenas señales, porque después de casi cuatro años de la lógica de “no le muevan ni una coma” y que llevó a la aprobación de reformas constitucionales y leyes con errores que tendrán que corregirse poco a poco, ahora hay una luz al final del camino que indica la disposición de escuchar y de entender que tener la mayoría no les otorga la razón ni la verdad.

Pero al dimensionar cuánto equivalen esos cuatro temas en el universo de 22 reformas, pues observamos que numéricamente son las menos, lo que indica que las 18 restantes pueden ir por esa ruta de la cerrazón y la imposición de la mayoría.

Si bien la mayor parte de su historia, el país ha sido gobernado por fuerzas hegemónicas dominantes, como el porfirismo, el priismo revolucionario y ahora el morenismo, jamás ha apagado el pluralismo que caracteriza a la nación. Por eso, la construcción de su orden jurídico nacional no debería partir de las imposiciones, sino del diálogo y no de la imposición.