Es tiempo de alzar la voz

Durante décadas, las luchas intestinas llevaron a México a tener presidentes de la República que duraron semanas, meses, días, por lo que el Poder Ejecutivo estuvo en constante cambio, hasta que Plutarco Elías Calles, luego del asesinato de Álvaro Obregón, comenzó el periodo de estabilidad que perdura hasta ahora.

Y producto del constante cambio de presidentes, emperadores y dictadores, el Poder Legislativo también fue sujeto de momentos de inestabilidad, al grado de que en 1857 desapareció el Senado, que fue restablecido en 1874 y que en 1914, junto con la Cámara de Diputados, enfrentó al tirano Victoriano Huerta, quien ordenó cerrar ambas cámaras.

Pero en 203 años de historia como nación independiente, ésta es la primera vez que el Poder Judicial vive un momento de rebelión, como efecto de la insistencia de Morena de destruir sus cimientos para restaurar la lógica de sometimiento al Poder Ejecutivo que imperó durante décadas, hasta que en 1994, Ernesto Zedillo promovió la reforma que le dio autonomía y profesionalismo, para responder a la urgencia de ofrecer estabilidad jurídica a los inversionistas que apostaron sus capitales en México, al amparo del entonces Tratado de Libre Comercio (TLC).

Contrario a la versión que los voceros oficialistas se empeñan en difundir, en 1994 Ernesto Zedillo no impuso una reforma a la comunidad jurídica nacional. Por el contrario, necesitó del consenso de los grandes juristas mexicanos para que la reforma no fuera repudiada.

Luego de anunciar la reforma al Poder Judicial, sólo unos días después de asumir la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo mandó la iniciativa al Senado y pidió que los legisladores hablaran con los juristas. El dictamen de esa reforma constitucional relata la forma en que, por primera vez, los senadores se acercaron a la academia, principalmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, para someterla a discusión.

Fue en IIJ donde se dieron cita diversos constitucionalistas que le dieron el visto bueno a la propuesta, porque pasaba de un pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya se consideraba obeso y hacía corresponsable al Senado del proceso de nombramiento de los ministros, cuyo número quedó en 11; creaba el Consejo de la Judicatura Federal y la carrera judicial, para que el Poder Judicial dejara de ser un continuante del Poder Ejecutivo y se profesionalizara internamente.

En este 2024, Morena quiere destruir toda esa estructura y obligar a que los juzgadores se conviertan en políticos para salir a pedir el voto de los ciudadanos, en un proceso electoral que, desde ahora, se perfila como una gran simulación, pues las boletas tendrán los nombres de los abogados propuestos por el o la Presidenta de la República, diferenciados de los impulsados por el Poder Legislativo y el propio Poder Judicial, lo que hace evidente que serán los candidatos presidenciales quienes ganen la batalla electoral.

Después de siete meses de silencio, incluso por un momento, hasta de respaldo a la visión de Morena, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, debió fijar la posición de su país: esa reforma es peligrosa y los inversionistas de Estados Unidos no le tienen confianza, porque permitirá la intervención del crimen organizado.

Luego fue el embajador de Canadá, Graeme Clark, quien hizo públicas las preocupaciones de los inversionistas de su país, que tienen capitales productivos en México.

Los mercados financieros han mostrado sensibilidad al tema y provocaron la depreciación del peso, hasta dejar atrás su etapa de superpeso.

Mientras, los miles de trabajadores, magistrados y jueces del Poder Judicial dejaron las oficinas donde se pasan horas y horas en estudio constante para impartir justicia, para tomar las calles y usar los megáfonos para alertar a los mexicanos del riesgo de perder el sistema de justicia, porque saben que ya no es tiempo de silencios prudentes, sino de alzar la voz.