El nuevo Santo Oficio Legislativo

Tomás de Torquemada vivió hace 524 años; sin embargo, la crueldad que tuvo para quemar vivos a quienes consideró herejes ha hecho que los años mantengan en la memoria el peso de su apellido, al grado de convertirlo en una especie de sinónimo del fanatismo religioso y político, por la intolerancia natural de quienes niegan cualquier pensamiento diferente al propio.

Claro que la historia muestra que en el mundo han existido Torquemadas políticos que persiguen a quienes piensan diferente.

Maximilien Robespierre y su Comité de Salvación Pública; Benito Mussolini y sus Camisas Negras; Adolfo Hitler y sus Camisas Pardas; José Stalin y La Gran Purga; Mao Zedong y su Movimiento Antiderechista.

El común denominador es la incapacidad de aceptar que existe el pensamiento plural y la tolerancia política es un valor fundamental de la democracia.

En este espacio he insistido en hacer notar los signos de una creciente intolerancia en el Poder Legislativo mexicano que nadie quiere contener y, por el contrario, se azuza con posicionamientos que sólo buscan contener a una de las partes en conflicto.

Desde la semana pasada, el senador morenista José Narro impulsó la idea de recuperar una propuesta de Salomón Jara, hoy gobernador electo de Oaxaca, de crear un código de ética aplicable a los senadores, para que sean sancionados por actos de corrupción.

Cualquier conocedor del derecho parlamentario y del entramado del Sistema Nacional Anticorrupción sabe que los senadores y los diputados federales están sujetos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que la Constitución establece un procedimiento de desafuero para ser procesados penalmente. El código de ética está, de entrada, rebasado por esas reglas constitucionales y legales.

Pero la idea del morenismo es introducir en ese código de ética una especie de Santo Oficio Legislativo para los senadores, en especial los de oposición y en particular contra tres senadoras panistas: Lilly Téllez, Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez. Quiere castigarlas cuando expresen frases, adjetivos o ideas que no le gustan.

Por fortuna, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, puso un alto a ese intento. Como constitucionalista sabe que la Carta Magna ordena en su artículo 61 que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.

En un afán de evitar mayor confrontación, la senadora Nancy de la Sierra promueve una propuesta con punto de acuerdo para pedir al presidente del Senado, Alejandro Armenta, que “firme un compromiso” para que se evite en el pleno y fuera de él que los legisladores expresen “discursos que humillen a las y los compañeros” o que provoque violencia política en razón de género; es decir, que cumpla lo que el mismo artículo 61 de la Constitución ya lo obliga.

El exhorto de De la Sierra fue firmado por 39 morenistas, ocho priistas, nueve emecistas, tres verdes, cuatro del PES, una del PT, dos del PRD y cuatro del Grupo Plural.

El PAN no lo firmó, porque considera que está dirigido sólo a Lilly Téllez, quien ha llamado “hienas” a los morenistas y a un senador le pidió “esperar por sus croquetas”.

Pero de entre esos 69 firmantes, salieron los aplausos a la morenista Lucía Trasviña, quien llamó “cabrones”, “pedorros derrotados”, “sinvergüenzas”, “cínicos”, “escorias” y “basuras” a los senadores de oposición. Entre ellos está la senadora Verónica Camino, que se sumó el fin de semana al linchamiento en redes sociales contra una mujer periodista.

¿Cómo? ¿El intento de un Santo Oficio en el Senado aplica la máxima popular del que las hace, no las consiente?

Cuidado. La intolerancia jamás llega a buen puerto.

La madurez y la estatura política deben ser obligatorios en todos. No inciten hogueras políticas.