El as bajo la manga que dejó Peña Nieto

Faltaban 104 días para el 1º de julio de 2018 y las encuestas internas del PRI perfilaban a Andrés Manuel López Obrador como el ganador de la contienda presidencial, cuando el gobierno de Enrique Peña decidió mandar al Senado un acuerdo que México firmó en 1965 y que tardó 53 años en ratificar.

El 13 de marzo de 2018 apareció en la Gaceta del Senado el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, que el presidente Gustavo Díaz Ordaz firmó en Washington D.C, en 1965, pero que el gobierno de Peña Nieto valoró necesario ratificar para “contribuir al fortalecimiento del andamiaje jurídico para brindar certeza a la inversión extranjera que recibe México, al tiempo de proteger la inversión mexicana en el exterior”.

Sin duda alguna que los integrantes del gobierno de Enrique Peña Nieto no necesitaban dotes de clarividencia para saber que el inminente triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador pondría en riesgo las inversiones extranjeras logradas con las reformas estructurales que impulsó su gobierno, con el apoyo de la oposición, en el marco del Pacto por México y en acuerdos bipartidistas, cuando el pacto dejó de funcionar.

Así, la valoración del gobierno de Peña Nieto fue que era necesario dar certeza jurídica internacional a esos inversionistas y por eso, el 26 de abril del 2018, con los votos en favor de 17 senadores del PAN, 40 del PRI, cuatro del Partido Verde y tres legisladores sin grupo parlamentario, el pleno del Senado ratificó el Convenio con 64 votos en favor y 15 en contra, de los cuales tres fueron del PRD, 10 del PT y dos de legisladores sin grupo parlamentario.

Casi tres años después, el Senado aprobará en los próximos días la propuesta de reforma legal para modificar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), porque la mayoría absoluta de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del PES le son suficientes para hacerla realidad.

De acuerdo con los expertos en materia eléctrica, la reforma viola la Constitución, el T.MEC y lesiona los derechos de los inversionistas, quienes además de contar con los mecanismos de arbitraje del T-MEC, para los casos de Canadá y Estados Unidos, tienen este Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados.

Este convenio, desconocido, incluso entre los actuales senadores de la República, incluye a México en las naciones que son arbitradas por el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIAD) y protege a un ciudadano de un Estado, por ejemplo, un francés, ante el daño realizado por la empresa pública de otro Estado, por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), si le rompe la certeza jurídica de su inversión.

“La jurisdicción del Centro se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado Contratante (o cualquier subdivisión política u organismo público de un Estado Contratante acreditado ante el Centro por dicho Estado) y el nacional —ciudadano— de otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrá ser unilateralmente retirado”, dice el convenio.

Incluye que “todo Estado Contratante reconocerá el laudo dictado conforme a este Convenio de carácter obligatorio”.

Sin duda alguna que los inversionistas del sector eléctrico acudirán a todas las instancias internacionales para hacer valer la seguridad jurídica que México les brindó y, sin duda alguna, el actual gobierno de México no podrá salir victorioso, porque, en estricto sentido jurídico, no cambia las reglas por una violación del contrato, sino porque tiene una idea diferente de la estructura que requiere el país para generar progreso económico.

Hace unos días, Pascal Beltrán del Río, escribió en su Bitácora del director, que la reforma eléctrica es el Rubicón de la 4T, porque una vez validada por el Senado, no habrá camino de retorno.

Y el as bajo la manga que dejó Enrique Peña Nieto para proteger a los inversionistas, me lleva a pensar que cruzar el Rubicón tendrá altos costos para el país.